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Los diputados y el Poder Judicial se comprometieron a impulsar tres proyectos de ley que, a su parecer, son prioritarios dentro de la agenda de seguridad para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico.
Los tres expedientes en materia de seguridad que se van a priorizar en los próximos meses ya se encuentran en la corriente legislativa y fueron seleccionados como prioritarios en la reunión convocada para este miércoles por el presidente del Congreso, Rodrigo Arias Sánchez.
Los tres proyectos que recibirán mayor atención en el Congreso en materia de seguridad son:
Proyecto para atacar capitales del narco
Este proyecto busca incorporar, mediante una reforma a la Ley contra la Delincuencia Organizada, la figura de una medida cautelar para asegurar los bienes relacionados con un proceso por capitales emergentes, es decir, bienes y valores que se sospecha podrían tener su origen en actividades delictivas o ilícitas.
El texto aprobado señala que solo la Fiscalía podrá solicitar a un juez el congelamiento mediante una medida cautelar anticipada. Además, se eliminó el monto a partir del cual se podrá solicitar el congelamiento de capitales de origen sospechoso y se dejó a criterio de los investigadores determinar cuándo solicitar el congelamiento por la presunción del incremento de un capital o bienes sin causa lícita aparente.
El proyecto fue aprobado en primer debate el pasado 27 de agosto por el Congreso. Sin embargo, la Sala Constitucional lo declaró con vicios constitucionales el pasado 23 de octubre, los cuales deberán ser corregidos por los congresistas.
Los diputados de la Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad aprobaron la semana anterior un informe que recomienda corregir en el plenario legislativo los vicios señalados por la Sala IV.
Proyecto para reformar el Código Procesal Penal y fortalecer la prisión preventiva en delitos que atenten contra la seguridad ciudadana
El expediente plantea adicionar “el peligro para la comunidad” y “actos de terrorismo relacionados directamente con la investigación” como posibles causas para la prisión preventiva dentro del Código Procesal Penal.
El plan consiste en una reforma a los artículos 239 y 239 bis del Código Penal.
Este proyecto de ley será devuelto a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso, según decidió la Comisión de Consultas de Constitucionalidad tras los señalamientos de la Sala IV.
Proyecto sobre ejecución de la pena
Este plan, que ya está en su etapa de discusión en el plenario, busca endurecer los beneficios carcelarios que reciben los privados de libertad.
La propuesta también establece que las personas condenadas por crimen organizado, tráfico de drogas, homicidio o femicidio no podrán solicitar dichos beneficios.
A pesar de que el propio Gobierno —por medio del Ministerio de Justicia— impulsó esta iniciativa en la Asamblea Legislativa, y de que la jefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros Gallo, defendió y votó a favor del proyecto en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, el mandatario lo retiró de la agenda de las pasadas sesiones extraordinarias en el Congreso.
El retiro del proyecto provocó que, por tres meses, la propuesta de ley quedara estancada en medio de la crisis de inseguridad que atraviesa el país.
Este miércoles, Arias afirmó que la meta del Congreso será aprobar el expediente antes del 1.º de mayo, fecha en que iniciarán las sesiones extraordinarias en el Congreso y el Ejecutivo tomará el control de la agenda legislativa.
Información en desarrollo.
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Carlos Mora
