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Mientras que el sicariato le gana el terreno al país y pone la seguridad ciudadana contra las cuerdas, en el Congreso los diputados no se ponen de acuerdo sobre la creación de nuevas leyes para combatir y castigar este flagelo.
En los últimos 5 meses al menos 3 proyectos de ley acapararon la atención y discusión de los congresistas en la Asamblea Legislativa, sin embargo, ninguna de las propuestas de ley ha logrado su aprobación en el Congreso.
De estas 3 propuestas, una de ellas ya pasó por el tamiz y aprobación de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y se encuentra en su etapa de discusión en el plenario legislativo. Entre tanto, otras 2 apenas empiezan su tramitación.
A pesar de que una de las propuestas ya avanzó hacia su discusión en el plenario, esta pasó sin tener claro 2 aspectos esenciales: cómo tipificar el delito y cuántos años de cárcel imponer a los sentenciados. Estos aspectos deberán ser retomados y discutidos en la etapa de presentación de mociones o cambios de fondo a la propuesta (ver nota abajo)
Las otras 2 propuestas apenas inician su discusión en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y no se vislumbra, hasta ahora, un plan para acelerar su trámite. (ver nota abajo).
Los congresistas miembros de la Comisión admiten que la decisión sobre con cual proyecto avanzar es urgente, en medio de la crisis de criminalidad por la que atraviesa el país y prometen, a partir de enero tras sus vacaciones, priorizar la discusión.
Proyecto dictaminado desde julio
El pasado 18 de julio los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso dictaminaron de manera afirmativa el proyecto de ley 24.047, el cual pretende atacar el sicariato en el país. Los congresistas avalaron el texto, presentado por la fracción de Nueva República, a pesar de que todavía había una serie de aspectos que no estaban claros ni consensuados entre las autoridades.
El texto aprobado en la comisión adiciona un artículo 112 bis al Código Penal para crear el delito de homicidio por sicariato. La propuesta fija penas de prisión entre 25 y 35 años por este crimen.
“Se impondrá prisión de 25 a 35 a quien de muerte a una persona por encargo o acuerdo, con el propósito de obtener para si o para un tercero un beneficio material, económico o personal. La misma pena se impondrá a quien haya encargado o acordado la muerte de la persona” dice el plan.
Añade que la pena privativa de libertad se podrá incrementar hasta en un tercio, si interviene una persona menor de edad.
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No obstante, el proyecto mantiene divididos a los 3 supremos poderes de la República. Los diputados, los jerarcas del Poder Judicial y el Gobierno de la República concuerdan que hay que tomar medidas para atacar estos delitos, sin embargo, discrepan en si es necesario crear un nuevo tipo penal y además en las sanciones a fijar para los integrantes de las bandas criminales que se dediquen al sicariato.
Por una parte, desde el Poder Ejecutivo se respalda la opinión expresada en días anteriores por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), en el sentido de que se debe revisar si es necesario “segregar o desmembrar” el artículo 112 del Código Penal, que regula el homicidio calificado y que se le otorgue una singularidad al sicariato, ya que este está regulado. Así lo manifestó días atrás el ministro de Justicia, Gerald Campos Valverde, en una audiencia con los diputados.
Por otra parte, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga López, apeló a revisar las penas contempladas dentro del proyecto. El jefe del OIJ sugirió elevar la pena a los 50 años,
Las autoridades también discrepan acerca de la manera en que se debe penalizar a los menores de edad que sean reclutados por las bandas criminales para que cometan asesinatos.
También, mostraron diferencias acerca de las penas para quienes recluten y contraten a personas para asesinar.
Los proyectos que apenas empiezan su camino
Un mes después del dictamen del proyecto anterior, el diputado liberacionista, Gilbert Jiménez Siles y la independiente, Gloria Navas Montero, presentaron una nueva propuesta para atacar el sicariato.
La propuesta presentada por Navas y Jiménez contempla penas más severas a las planteadas en la iniciativa que ya se dictaminó en julio.
El proyecto de Navas y Jiménez atendió la solicitud planteada semanas atrás por el OIJ de imponer penas de prisión de hasta 50 años para quienes cometan sicariato.
Este otro plan de Jiménez y Navas busca reformar y adicionar un nuevo capítulo a la Ley Contra la Delincuencia Organizada.
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La iniciativa establece una definición del sicariato, penas más severas, sanciones para la tentativa y medidas para funcionarios policiales, entre otros.
Entre las penas propuestas están entre 25 y 50 años de prisión a quien o quienes maten por encargo. La misma pena se aplicaría para quienes planifiquen o financien un asesinato por sicariato.
Además, propone que el entrenamiento y asesoría a grupos de crimen organizado se sancione con penas entre los 10 y 15 años de prisión, y 20 años de inhabilitación para funcionarios y exfuncionarios policiales que entrenen o asesoren en técnicas de sicariato.
El más reciente de los proyectos para atacar el sicariato lo presentó la fracción del Frente Amplio.
La iniciativa frenteamplista extiende los alcances de la ley para que se tipifique y castigue la promoción del servicio de sicariato, la creación de organizaciones criminales para ese fin e incluya en el rango de protección a las víctimas colaterales del mismo.
El texto propuesto incluye un inciso 12) al artículo 112 del Código Penal se imponga penas de hasta 30 años a quién mate “en razón de la pertenencia o participación en una organización criminal” que extiende la protección legal a otro tipo de homicidios, como las muertes colaterales, en razón por ejemplo, de la disputa de territorios.
Adiciona un artículo 280 bis para castigar con penas de 2 a 4 años a quién “públicamente solicite, ofrezca o promueva servicios de homicidio por precio o promesa remuneratoria”
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Modifica el artículo 281 para penalizar hasta con 8 años cárcel a “quienes promovieren, constituyeren, organizaren, coordinaren o dirigieren una organización criminal” y considera, entre sus circunstancias agravantes, que dicha red criminal sea de diez o más personas, reclute menores de edad, adultos mayores o mujeres embarazadas, entre otros.
Semanas atrás, autoridades del Ministerio de Seguridad Pública indicaron que hoy día en el país unas 1.000 personas se dedican al sicariato, mientras que unas 250 personas, son parte de una estructura de mando de estas bandas criminales.
Las autoridades presumen que los reclutadores de sicarios están ofreciendo a adolescentes, teléfonos celulares o ¢1 millón de colones, para que salgan de la escuela o el colegio y se conviertan en asesinos a sueldo, aprovechándose de la necesidad de sus familias.
Según se mencionó, la vida de estos menores de edad es muy corta, dado que los gatilleros buscados por las bandas delictivas son todos en ese rango de edad.
Source
Carlos Mora
