Un informe de la auditoría interna de la Asamblea Legislativa reveló que en 2023 se destinaron más de ¢27 millones en bocadillos para diputados, pese a que este gasto carece de sustento jurídico. El documento, además, señala que estos recursos son contrarios a las disposiciones de la Contraloría General de la República (CGR), que limita el uso de fondos públicos para alimentación a casos excepcionales y debidamente justificados.
¿En qué consisten los señalamientos de la auditoría?
Gastos sin respaldo legal
Según el informe, los fondos públicos se utilizaron para financiar bocadillos en actividades ordinarias como sesiones del Plenario Legislativo, reuniones de jefes de fracción y eventos de grupos institucionales. Estas prácticas, según la auditoría, contradicen criterios establecidos por la CGR, que prohíben el uso de recursos públicos para fines cotidianos o sin justificación clara.
Cita del informe:
“La Asamblea Legislativa incurre en gastos por concepto de servicios de alimentación para reuniones de trabajo ordinarias y sesiones del Plenario Legislativo, los cuales resultan improcedentes siendo que carecen de sustento jurídico”.
Falta de control en los servicios contratados
El análisis también identificó inconsistencias en los controles administrativos. Por ejemplo, en mayo de 2023, se adquirieron servicios de alimentación para sesiones del Plenario sin respaldo contractual adecuado, utilizando la figura de caja chica. Esta práctica había sido advertida como improcedente desde 2019 por los departamentos de Proveeduría y Financiero del Congreso.
Asimismo, se detectaron irregularidades en las facturas, ya que la cantidad de bocadillos facturados no coincidía con la cantidad entregada, lo que generó insuficiencias. Según el contrato, debían proporcionarse bocadillos para 50 personas, pero en promedio solo se recibían 30 raciones por día.
¿Qué incluye el servicio de bocadillos para diputados?
El contrato especifica que cada legislador debe recibir dos porciones de frutas, dos bocadillos salados y uno dulce durante cada sesión del Plenario. Sin embargo, la auditoría detectó fallas en el cumplimiento de estas disposiciones, lo que ocasionó carencias en el suministro.
Además de las sesiones plenarias, los fondos se usaron para alimentar a diputados y funcionarios en reuniones ordinarias del Directorio Legislativo y otros eventos institucionales, contraviniendo las recomendaciones de la CGR.
Reacciones y medidas solicitadas
Acciones correctivas propuestas
La auditoría interna solicitó a Karla Granados, gerente general del Congreso, tomar medidas inmediatas para corregir las irregularidades. Entre las recomendaciones destacan:
- Suspender el financiamiento de gastos ordinarios de alimentación con fondos públicos.
- Implementar mecanismos de control más rigurosos para garantizar el cumplimiento contractual.
- Informar, en un plazo de dos meses, sobre las acciones correctivas adoptadas.
Contexto y antecedentes
Desde 2019, las áreas administrativas habían advertido sobre el uso indebido de caja chica para estos fines. Sin embargo, la práctica se mantuvo, generando señalamientos reiterados por parte de la auditoría.
¿Qué dicen las normativas?
La CGR establece que los gastos de alimentación con recursos públicos deben justificarse como excepcionales y no formar parte de actividades rutinarias. Esto incluye reuniones de trabajo, sesiones plenarias y eventos similares que deberían financiarse con recursos privados o mediante otros mecanismos.