Deuda pública de Costa Rica se reduce 11% en cuatro años y alivia presión fiscal | NCR Noticias

Fotografía: La República.


Ministerio de Hacienda destaca caída sostenida del endeudamiento y recuperación de margen de inversión


Un respiro para las finanzas del Estado

Costa Rica logró un avance notable en la reducción de su deuda pública en los últimos cuatro años. Según cifras del Ministerio de Hacienda, la deuda del Gobierno Central, medida en proporción al producto interno bruto (PIB), disminuyó del 67,6% en diciembre de 2021 al 56% en febrero de 2025, una baja acumulada de 11,7 puntos porcentuales.

Este comportamiento descendente se mantuvo de forma continua: en 2022 el indicador cerró en 63%, en 2023 bajó al 61,1%, y culminó ese año en un 59,8%, consolidando una tendencia positiva para la estabilidad económica del país.

Deuda interna impulsa el cambio

El ajuste más significativo se observó en la deuda interna, que cayó del 50,8% del PIB en 2021 al 41,3% en 2025. En contraste, la deuda externa se mantuvo más estable, aunque también contribuyó al alivio fiscal general.

Este resultado ha sido atribuido, en parte, al acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la gestión de Elian Villegas como ministro de Hacienda. El exjerarca sostuvo que la estrategia fiscal adoptada fue clave para alcanzar los objetivos trazados.

“Desde que firmamos con el FMI, se establecieron metas claras para contener el crecimiento de la deuda. Reducir el endeudamiento fue prioritario, y los resultados están a la vista”, declaró Villegas.


Fin de las restricciones más severas de la Regla Fiscal

Uno de los efectos más importantes de esta baja es que Costa Rica dejó atrás el umbral del 60% deuda/PIB, el cual activa las limitaciones más estrictas de la Regla Fiscal, establecida en la Ley 9635 (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas).

Este límite había sido superado desde 2020, obligando a medidas como congelamiento de salarios, control del crecimiento del gasto y restricciones en pensiones. Ahora, el Gobierno puede invertir en infraestructura, activos estratégicos y proyectos públicos sin estar atado por esas limitaciones.

El exministro Villegas explicó que, al mantenerse por debajo del 60%, la regla solo aplica al gasto corriente, permitiendo así mayor flexibilidad para impulsar obras públicas.


Un entorno fiscal más saludable

La disminución de la deuda pública no solo mejora la capacidad de inversión del Estado, sino que también contribuye a otros beneficios macroeconómicos, como una menor presión sobre las tasas de interés, estabilidad en la inflación y reducción del riesgo país, que influye en la confianza de los inversionistas.

El actual ministro de Hacienda, Nogui Acosta, resaltó que este avance fiscal es producto de una gestión prudente de los recursos y de la disciplina mantenida en los últimos años.

“La meta es clara: consolidar un superávit primario sostenido, reducir las necesidades de financiamiento y fortalecer la estabilidad fiscal a mediano plazo”, enfatizó Acosta.


Proyección al 2030: deuda al 54,2% del PIB

El Ministerio de Hacienda proyecta continuar por la misma ruta, con la meta de reducir el indicador de deuda al 54,2% del PIB para el año 2030. Esta visión se apoya en la intención de sostener un superávit primario como el de años recientes.

En 2024, los ingresos totales alcanzaron los ¢1,19 billones, mientras que el gasto primario fue de ¢1,14 billones, lo que permitió mantener superávit sin contar los intereses de deuda. Para 2025, se prevé un superávit del 1,3% del PIB.


Riesgo por caída en los ingresos tributarios

Pese al panorama favorable, Hacienda advirtió sobre una baja en la recaudación fiscal, producto de decisiones legislativas recientes. En el último año, los ingresos tributarios se redujeron en ¢3.534 millones, afectando partidas como el impuesto único a los combustibles, el impuesto sobre la renta y el selectivo de consumo.

Acosta alertó que esta tendencia puede complicar el cumplimiento de las metas fiscales si no se compensa con ajustes en el gasto o nuevas fuentes de ingreso.

“No podemos repetir errores del pasado. Los diputados deben evitar aprobar nuevas erogaciones sin garantizar su financiamiento”, advirtió el ministro.


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