La Fiscalía Adjunta Especializada contra Delincuencia Organizada (Faedo) no solicitó ampliar las medidas cautelares que se impusieron hace un año contra los imputados en el Caso Corona, en las que se ordenó congelar las cuentas de estas personas y mantener los bienes muebles e inmuebles decomisados en poder del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
Según la representación legal de los sospechosos, los bienes bajo custodia del Estado están valorados en $15 millones.
Dicha disposición interpuesta regía hasta el 4 de diciembre de este año, pues el Juzgado Penal de La Unión había ordenado que se cumpliera esa medida por 12 meses y al no presentarse una solicitud de ampliar esa vigencia, los sospechosos podían reclamar y recobrar todo lo que estaba decomisado y congelado.
El Caso Corona está relacionado con el supuesto vínculo de varios empresarios con supuesto lavado de dinero proveniente de exportaciones de droga líquida que un grupo narco hizo a diferentes países de Europa.
Dos abogados defensores de los investigados enviaron al Juzgado la solicitud de caducidad y levantamiento de medidas cautelares no privativas de libertad de carácter patrimonial, al conocer que el 4 de diciembre la Fiscalía no pidió la prórroga, por lo que iniciaron los trámites en el Registro de la Propiedad para contar con las propiedades nuevamente.
Aduciendo que el Ministerio Público tampoco presentó un estudio financiero, “ni pruebas fehacientes que señalen lo ilegítimo sobre el origen del patrimonio de mis representados”, los representantes legales indicaron que era legítimo que se devolvieran los bienes.
Entre las propiedades y dinero que están en disputa figuran los relacionados con El Guapinol DHS de San Rafael de Poás, S.A, HMD Financial Group S.A, Hemu Industrial Park S.A, Hemu CR S.A, Minerva Bebidas S.A, Tico Bebidas S.A y Vega Tec Limitada SRL.
“(…) al día de hoy al no gestionar de manera oportuna el Ministerio Público la prórroga de la medida cautelar primigeniamente otorgada y a pesar de que dice estar investigando un delito de legitimación de capitales, tácitamente ha renunciado a la tutela cautelar que pesaba sobre los bienes inmovilizados y decomisados, con lo cual resulta legalmente imposible para el Juzgado Penal mantener dicha condición por más tiempo y mucho menos de manera oficiosa, por lo que necesariamente se impone ordenar el cese inmediato de dichas medidas”, señala la solicitud de los abogados.
Luis Alonso Salazar, uno de estos defensores, sostuvo que pese a que la causa aún sigue en curso, el Ministerio Público no tiene pruebas para avanzar con el caso y por ende esos $15 millones deben regresar a las cuentas de los implicados en el caso para poder ser utilizados sin ninguna restricción.
“Cuando se hicieron los allanamientos, el Juzgado Penal de La Unión ordenó la inmovilización de los bienes hallados en el patrimonio de las personas investigadas y congeló todos los productos financieros que tenían en el sistema bancario estas personas. Se trasladó una serie de bienes al ICD para su custodia así como el dinero que se encontró en las compañías y en los allanamientos a las propiedades de estas personas, por la presunta comisión del delito de legitimación de capitales vinculadas con el delito de narcotráfico, pero eso no se pudo demostrar de ninguna forma y al vencimiento de las medidas cautelares el Ministerio Público no pidió la prórroga por lo que todo esto debe ser devueltos a las personas investigadas“, justificó.
También solicitaron que se devolvieran los aparatos electrónicos y de comunicación decomisados en los allanamientos del 14 de noviembre del 2023, que no tienen injerencia con las actividades investigadas, pues “poseen un alto valor comercial en el mercado nacional y es importante evitar su deterioro”.
Fiscalía: bienes están en poder del ICD
Organigrama Caso Corona
Consultado al respecto, el Ministerio Público explicó que como órgano acusador en este proceso no debían solicitar la prórroga de la custodia de los bienes, están en manos del ICD, sin embargo, aduciendo que no les correspondía actuar en ese sentido.
“En respuesta a su consulta, la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada indicó que lo que puede informar es que, por mandato legal, la totalidad de los bienes patrimoniales incautados se encuentra a la orden del ICD, por lo que no procedía la solicitud de prórroga.
Para mayores detalles, le recomiendo consultar en esa institución”, respondieron.
Por su parte, Fernando Ramírez, director del ICD, indicó que los bienes se mantienen en custodia de la Unidad de Recuperación de Activos pese al vencimiento de la medida cautelar, sin embargo, descartó que de momento el dinero y las propiedades sean devueltas a los imputados.
“Lo que dispusieron las autoridades judiciales es la incautación y remisión a las cuentas del ICD para su custodia y respectiva inversión, es lo que se nos ha informado”, explicó.
Caso Corona
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De acuerdo con la investigación realizada por los agentes judiciales, esta organización estaba dedicada a trasegar cocaína líquida de Costa Rica a Europa y Asia.
Estos son los apellidos de los sospechosos:
Lozano Bonilla / 51 años (colombiano*) / líder
Caicedo Valoi / 56 años (colombiano)
Vayoles Mosquera / 45 años (colombiano*)
Herrera Soto / 44 años / dueño de la empresa de refrescos
Montoya Gutiérrez /58 años (colombiano*)
Lemos Rebellón / 43 años (colombiano*)
Murillo Picado / 42 años (femenina)
Brenes Murillo / 28 años (femenina)
Picado Sánchez / 37 años
Herrera León /38 años
*costarricenses por naturalización.
La organización criminal fue desmantelada por agentes de la sección de Estupefacientes del OIJ, tras la ejecución de 21 diligencias de allanamiento en varias zonas del país como Curridabat, La Unión, Escazú, San Pedro, Santa Ana, Atenas, Grecia, Turrialba, Coronado y Poás.
En apariencia, la estructura utilizaba una empresa de bebidas gaseosas (refrescos Minerva), de Herrera Soto, como mampara para hacer envíos de cocaína líquida a Europa y Asia.
Según Randall Zúñiga, el grupo habría hecho inversiones por ¢12 mil millones que están bajo investigación, de los cuales por lo menos ¢6 mil millones provendrían del narcotráfico.
Como parte del trabajo se está ordenando el decomiso de 26 carros de alta gama y anotación de 39 propiedades, entre los que figuran centros comerciales, negocios y viviendas.
Un decomiso de cocaína líquida en Israel fue clave para poder dar con el grupo en el país, pues desde allá llegó la información al OIJ sobre el cargamento, al cual le hicieron un trabajo de investigación y se dieron cuenta que había salido de Costa Rica a Jordania.
Esto ocurrió el 8 de junio de este año, cuando ubicaron 185 botellas de cocaína líquida, lo cual se puede disolver en 150 litros para formar aproximadamente 100 kilogramos de cocaína en pasta.
Se presume que la agrupación contaminaba varias botellas en una fábrica en Poás de Alajuela pero también mantenían parte de su operación en una propiedad en Cascajal de Coronado.
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Carlos Castro
