El proceso penal por presunto tráfico de influencias contra el exalcalde de San José, Johnny Araya Monge, ha dado un giro significativo en sus etapas finales. Este jueves, su equipo legal pidió al Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública no solo la absolución total del exfuncionario, sino también que el Estado asuma las costas judiciales del caso, al considerar que nunca existieron pruebas sólidas para acusarlo.
Fiscalía solicita absolución para Araya, Gamboa y Smith
Sorprendiendo a la opinión pública, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) solicitó esta semana la absolución de Johnny Araya, el exmagistrado Celso Gamboa y la exfiscal subrogante Berenice Smith.
Según explicó Natalia Villalta, fiscala adjunta y jefa de FAPTA, la decisión responde a una falta de evidencia concluyente. Tras revisar todos los testimonios y pruebas, el Ministerio Público concluyó que no existen elementos suficientes que justifiquen una condena penal.
Procuraduría insiste en una condena y exige indemnización
En contraste con la Fiscalía, la Procuraduría General de la República, que representa al Estado, se opuso a la solicitud de absolución. En su lugar, pidió condenar penalmente a los tres acusados por el delito de tráfico de influencias y ordenarles el pago de una indemnización económica.
El procurador Federico Quesada planteó que Araya debía pagar ₡12 millones, mientras que Gamboa y Smith tendrían que asumir ₡15 millones cada uno. También solicitó al tribunal aplicar la pena mínima de dos años de prisión a todos los implicados.
Defensa de Araya: “El Estado debe pagar por un proceso infundado”
Los abogados de Johnny Araya, Juan Marcos Rivero en el plano penal y Alfonso Ruiz para la acción civil, defendieron con firmeza la inocencia de su cliente. Argumentaron que ni los testigos, ni los peritajes, ni los documentos presentados logran probar un daño social, como lo exige la Procuraduría para sustentar su solicitud de indemnización.
Ruiz señaló que la acusación original estaba mal estructurada y que no existe evidencia concreta que demuestre alguna presión indebida o ventaja obtenida. También advirtió que, de mantenerse la acción civil sin base penal, el Estado se arriesga a ser condenado a pagar las costas del proceso, estimadas en aproximadamente ₡2 millones.
Origen del caso: supuesta manipulación durante campaña electoral
La acusación inicial del Ministerio Público apuntaba a una serie de gestiones realizadas entre noviembre de 2015 y enero de 2016. Según esa versión, Gamboa y Smith habrían influido sobre la fiscala instructora Natalia Rojas Méndez para eliminar el nombre de Araya de una causa penal por enriquecimiento ilícito.
El documento clave, FAPTA-08-2016, fue entregado a Araya el 6 de enero de 2016. Un día después, su nombre fue eliminado del sistema judicial. Dos días más tarde, Araya lo compartió con una periodista que elaboraba un reportaje sobre candidatos con causas penales activas, y su nombre no fue incluido en la publicación del 2 de febrero de ese año.
Este episodio habría representado, según la Fiscalía de entonces, una “ventaja indebida” durante su campaña por la reelección en la Municipalidad de San José. No obstante, el nuevo análisis de la prueba descartó la existencia de dicha manipulación.
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