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La alcaldesa de San Ramón, María Gabriela Jiménez Corrales, el diputado socialcristiano Leslye Bojorges León, el actual viceministro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) Carlos Ávila Arquin y Marlen Luna, ficha del gobierno de Rodrigo Chaves que ha ocupado varios cargos, son investigados y podrían estar vinculados al caso de fraudes y legitimación de capitales denominado Madre Patria.
Fuentes judiciales cercanas al caso confirmaron a crhoy.com que estos cuatro funcionarios de alto perfil figuran como parte de una investigación secundaria relacionada con el megacaso, uno de los más sonados del año pasado.
A los cuatro se les decomisaron sus celulares este miércoles, junto a una quinta persona cuya identidad no ha trascendido. Al tratarse de miembros de Supremos Poderes, la Fiscalía General es quien debe llevar la batuta en las diligencias judiciales.
Madre Patria fue calificado como un megacaso y a nivel operativo-policial, es el segundo expediente de investigación más complejo de los que ha manejado el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Inicialmente fueron alrededor de 40 personas imputadas entre abogados de alto perfil, funcionarios judiciales, miembros de la Policía de Tránsito y el Consejo de Transporte Público, testaferros y dos cabecillas extranjeros de origen español
Aparentemente, conformaban una organización criminal que se dedicaba a fraudes registrales contra extranjeros y adultos mayores, para apropiarse de terrenos y posteriormente, legitimar el dinero mediante varios negocios como el transporte público de autobuses.
Gran parte de los sujetos descuentan un año prisión preventiva. El legajo de investigaciones el cual crhoy.com ha ido revelando en los últimos meses, se tramita bajo el número de expediente 22-005018-0042-PE.
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Figuras políticas de alto perfil
El director del OIJ, Randall Zúñiga, confirmó la tarde de este miércoles que efectivamente se decomisó el dispositivo telefónico de la alcaldesa de San Ramón, con visto bueno de un juez y como parte de una investigación.
“Como parte del caso Madre Patria, se dieron el día de hoy 5 decomisos de celulares a 5 personas diferentes. Esto contando con una orden de un juez y también con la dirección funcional del Ministerio Público.
Es importante destacar que todas las acciones que realiza OIJ siempre se hacen dentro del marco regulatorio de este país. En este caso es una continuación o una ampliación del caso principal del caso Madre Patria”, explicó Zúñiga.
Fuentes separadas confirmaron la incautación a los demás jerarcas y figuras políticas, así como a una quinta persona que no ha sido revelada.
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Alcaldesa de San Ramón
María Gabriela Jiménez Corrales, de 36 años, es oriunda de Occidente y fue electa como jerarca municipal en las elecciones del año anterior con el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). También se desempeñó como regidora y asesora legislativa.
Es licenciada en Derecho, consultora y especialista en esa área. Figura como parte de la cúpula de la Unión Nacional de Gobiernos Locales 2024 – 2026.
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Diputado del PUSC
Leslye Rubén Bojorges León, de 48 años, electo por la provincia de Alajuela. Previamente se desempeñó como regidor y director de la escuela El Roble, en San Antonio del Tejar, dado que es docente de profesión. Vinculado al partido desde 2022.
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Viceministro del MOPT
Carlos Ávila Arquin de 45 años, viceministro de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, además de directivo del Consejo de Transporte Público (CTP). Exasesor del Ministerio de Seguridad Pública y exmiembro del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). También es abogado de profesión hace 20 años.
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Presidenta de IFAM
Marlen Luna Alfaro, de 53 años, actual presidenta del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), también fue directora de Migración y Extranjería, así como viceministra de Gobernación y Policía en el actual Gobierno.
Exregidora y exasesora en la Municipalidad de Alajuela, también fungió como directora jurídica en la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), cuenta con 13 años de experiencia como jueza propietaria del Tribunal Administrativo Migratorio. Es abogada y notaria de profesión.
A mediados del 2024, el OIJ realizó uno de los despliegues operativos más grande de su historia: fueron en total 50 allanamientos para detener a 35 personas, entre ellos, funcionarios públicos como un juez de la República, oficiales de la Policía de Tránsito y un empleado del Consejo de Transporte Público (CTP).
El 25 de junio pasado se concretó una investigación que logró conectar 19 causas penales distintas que tienen relación con fraudes registrales bajo el mismo modo de operar y que habrían sido cometidas por una organización criminal que presuntamente era liderada por los españoles Fernando Gómez González y Unai León Muñoz.
Fue la Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen, la oficina encargada de revisar cada uno de los expedientes para determinar que todos tenían una conexión por los procesos de falsedad ideológica que prevalecía en las tramas que presuntamente armaron los sospechosos.
Este despacho llegó a la conclusión que la mayoría de víctimas eran personas extranjeras, adultas mayores que no se encontraban en el país al momento en que se ejecutaron los hechos delictivos, o bien conformaban parte de sociedades anónimas que estaban disueltas.
En la estructura trabajaban funcionarios públicos, así como abogados y notarios que desempeñaban diversos roles como frenteadores, personas que se encargaban de falsificar documentación y concretar los robos de propiedades con mecanismos legales.
“Recordemos que en ese entonces lo que teníamos era una situación relacionada con fraudes registrales y también algún tipo de facilitación de las actividades presuntivamente por parte de algunos funcionarios públicos.
Entonces dentro del orden de la investigación, el día de hoy en horas de la mañana se realizó este operativo policial en el cual se logró decomisar 5 teléfonos celulares” añadió el jerarca del OIJ, al desmentir a Juan Diego Castro.
Crhoy.com solicitó al Ministerio Público más detalles sobre la eventual implicación de los funcionarios en el megacaso de fraudes Madre Patria y más información sobre la investigación, para conocer a qué respondió la diligencia.
Source
José Adelio Murillo
