El tema del proceso de licitación para la inspección técnica vehicular en Costa Rica continúa. El Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), la entidad encargada de administrar este proceso, ha seguido demostrando abiertamente su favoritismo hacia un oferente sobre los demás, preclasificando nuevamente a TÜV Rheinland, a pesar de que esta empresa no cumple con numerosos requisitos básicos de la licitación. Esta decisión de COSEVI contradice directamente las disposiciones de la Contraloría General de la República (CGR) y perpetúa el trato desigual entre los oferentes que ha caracterizado este proceso.
El trato preferencial de COSEVI hacia TÜV Rheinland ha sido evidente, permitiendo que esta empresa siga presentando documentación para intentar demostrar sus calificaciones más de 480 días después de la fecha límite de presentación de ofertas, en una clara violación de la ley. Estas acciones de COSEVI han obligado a DEKRA a anunciar que tomará nuevamente todas las medidas legales a su disposición para garantizar la equidad y la transparencia en el proceso de licitación de la inspección técnica vehicular.
El trato de COSEVI hacia TÜV Rheinland contrasta fuertemente con el recibido por DEKRA, empresa que ha servido a la población costarricense con la inspección técnica vehicular durante más de dos años. DEKRA, el líder mundial en inspecciones vehiculares, fue descalificada por COSEVI por un tecnicismo y, posteriormente, la entidad le impidió presentar cualquier aclaración o documentación adicional. Otorgar a un oferente más de 480 días para intentar cumplir con los requisitos de la licitación (y seguir sin hacerlo), mientras se le niega a otro la oportunidad de presentar aclaraciones, es la definición misma de trato desigual.
DEKRA fue descalificada y privada de cualquier posibilidad de ser preclasificada. Sin embargo, en el caso de TÜV Rheinland, la experiencia que supuestamente intentó demostrar ha sido aceptada después de la tramitación no del primer, sino del segundo recurso de apelación ante la Contraloría General de la República. Por lo tanto, si la preclusión aplicó para DEKRA, también debió aplicar para TÜV Rheinland; y dado que COSEVI aceptó las aclaraciones extemporáneas de TÜV Rheinland pero no las de DEKRA, la violación del Principio de Igualdad de Trato es incuestionable, explicó José Eduardo Soto, abogado de DEKRA.
Por otro lado, el otro consorcio preclasificado, conformado por RITEVE, operó previamente en el país con irregularidades conocidas por los costarricenses en cuanto a la prestación del servicio, la falta de información y los sobreprecios que los ciudadanos pagaron, especialmente en los últimos 10 años de su gestión. En este caso, no hubo ni siquiera un “pero”…
Estas son solo algunas de las razones por las que DEKRA ha interpuesto varios recursos administrativos y judiciales. El trato desigual de COSEVI hacia DEKRA sienta peligrosos precedentes para la imagen externa de Costa Rica, un país que busca atraer inversión extranjera. ¿Qué empresa va a querer invertir en una nación donde las instituciones cambian las reglas o favorecen a ciertas compañías en detrimento de otras, incluso desafiando a las más altas autoridades, como la CGR, y la propia Ley de Contratación Pública?
En DEKRA creemos en Costa Rica y nos hemos enfocado en traer lo mejor de nuestra experiencia al país. Y los costarricenses han visto la diferencia: mejores precios, excelente servicio, compromiso total. Por eso no estamos, ni estaremos, de brazos cruzados. Seguiremos luchando por un trato justo e igualitario para nuestra empresa. No permitiremos que intereses privados manchen el buen nombre de nuestras instituciones, agregó Julio Rodríguez, Gerente General de DEKRA.
La inspección técnica vehicular es un servicio clave para los países. Es una forma de garantizar que la flota de vehículos que circula en las carreteras esté en óptimas condiciones, lo que se traduce en mayor seguridad para los usuarios y protección del medio ambiente.
Por eso, este es un tema que no puede tomarse a la ligera. No se trata de asignar este servicio a cualquier empresa, sino de la responsabilidad de la administración pública de garantizar que se contrate a aquellas con la experiencia y el conocimiento necesarios. Esto es una prioridad para el bienestar de los costarricenses.
Otro compromiso fundamental de las instituciones gubernamentales es conducirse con transparencia, objetividad y respeto al marco legal, algo que claramente no está ocurriendo en este proceso de licitación.
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Pamela Delgado
