El Gobierno de Costa Rica dio un paso firme en su intención de modernizar el sistema penitenciario nacional, al establecer una cooperación estratégica con El Salvador, país que en los últimos años ha transformado su enfoque carcelario. La iniciativa podría traducirse en un ahorro cercano a los 25 millones de dólares, según estimaciones oficiales.
Visita oficial a centros penales salvadoreños
El Ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, lideró una delegación costarricense que visitó varios centros penitenciarios en El Salvador, entre ellos el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y la cárcel CERO OCIO. Durante la gira, también se sostuvieron reuniones con el Ministro de Justicia y Seguridad salvadoreño y con especialistas en diseño e infraestructura penitenciaria.
“El costo inicial del nuevo centro penitenciario costarricense rondaba los 60 millones de dólares, pero con esta cooperación, podría reducirse a unos 35 millones”, declaró Campos tras su regreso al país.
Acceso a planos y procesos de construcción
Uno de los acuerdos más relevantes alcanzados durante la visita fue el permiso oficial para que Costa Rica acceda a los planos, diseños estructurales y protocolos operativos de los centros penales de última generación construidos en El Salvador. Esta transferencia técnica permitirá reducir significativamente los costos de construcción, al evitar el desarrollo desde cero de planos y estudios de viabilidad.
Campos aseguró que se están “tomando decisiones concretas para una Costa Rica más segura y con un sistema penitenciario más eficiente”.
Nuevo modelo carcelario: ¿en qué consiste?
Aunque todavía no se han revelado detalles técnicos del nuevo centro penitenciario costarricense, el ministro adelantó que el diseño estará orientado al control riguroso, la eliminación de ocio y la vigilancia permanente de las personas privadas de libertad. Se espera que el proyecto se construya en una zona estratégica fuera del Gran Área Metropolitana.
El modelo salvadoreño ha sido altamente controversial por su enfoque punitivo y su política de cero tolerancia con la criminalidad, especialmente en la lucha contra pandillas. Sin embargo, su efectividad en la reducción de delitos ha captado la atención de diversos gobiernos en la región.
