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La negativa del Ministerio de Hacienda de girar los recursos necesarios para las 283 plazas de funcionarios que pertenecen al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y al Ministerio Público, encendieron las alarmas en el Poder Judicial y la Fiscalía General.
Son poco más de ₡9.346 millones que durante la discusión del Presupuesto Ordinario de la República para el 2025, la Asamblea Legislativa redireccionó para cubrir el salario y remuneraciones de nuevos agentes, investigadores y fiscales.
Mediante la aprobación de 3 mociones (#81, #55 y #53), los diputados aprobaron inyectar más recursos a estas instituciones, claves para la lucha contra el crimen organizado, la violencia y los homicidios que azotan al país.
El pasado 13 de diciembre, el director general del Presupuesto Nacional, José Luis Araya, informó al Poder Judicial que no iban a transferir los recursos, desobedeciendo la disposición de los diputados.
La orden emanó del ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, quien solicitó explícitamente “mantener en estado de no ejecución los registros presupuestarios que se aumentaron, durante el trámite legislativo del proyecto de ley de presupuesto ordinario de 2025, mediante la aprobación de las mociones…”.
Es decir, entre los recursos que el jerarca pide congelar y no inyectar, están los más de ₡9 mil millones al Poder Judicial.
Así consta en el oficio MH-DGPN-DG-OF-0562-2024 dirigido por el director de Presupuesto, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre. Cita el documento:
A este momento para el ejercicio económico de 2025 no es previsible que el Gobierno pueda obtener más y/o nuevos ingresos corrientes, que le permitan atender imprevistos generados por desajustes al presupuesto formulado para atender el servicio de la deuda interna, particularmente generados por rebajas al monto presupuestado para intereses.
No resulta prudente incluir en la programación financiera de 2025, la ejecución de varios gastos incluidos durante el trámite legislativo del presupuesto ordinario de ese ejercicio económico, los cuales se financiaron con rebajas de la subpartida presupuestada para atender el pago de intereses de la deuda interna.
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Réplica del Poder Judicial
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, le solicitó al jerarca Nogui Acosta desistir de negarse a transferir los dineros aprobados por el Congreso, dado que los recursos son necesarios para cubrir el pago de las plazas nuevas destinadas para el OIJ y el Ministerio Público.
Además, la planificación del Poder Judicial se realizó con anticipación contemplando los ₡9 mil millones que ahora Hacienda se niega a trasladar, pese a que son necesarias para pagar remuneraciones y cargas patronales.
El magistrado Aguirre reiteró que para el Poder Judicial “es prioridad” atender la orden legislativa y dar soporte con las plazas dispuestas, a los altos índices de criminalidad que aquejan a Costa Rica. Así lo señaló mediante el oficio 002-P-2025, que además cita:
Motivo de lo expuesto, se solicita de su colaboración para coordinar la habilitación de una modificación presupuestaria extraordinaria dentro del cronograma de modificaciones presupuestarias del periodo presupuestario 2025, mismo que tendrá como objetivo la redirección de recursos aprobados en la partida 9, subpartida 90202 denominada “Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria” con destino específico a las partidas de Remuneraciones y Cargas Patronales; como es bien sabido, este tipo de trámites se demoran varias semanas en su aprobación, por lo que dentro de lo planteado, se solicita de su colaboración para gestionar el trámite, procurando obtener los recursos con prontitud y evitar posibles problemas de operación así como incumplimientos legales con las personas funcionarias. Igualmente, es necesario incluir los recursos de las plazas en el proceso presupuestario del año 2026, por lo que en caso de no tener los códigos de plazas en tiempo, será una doble afectación para este Poder Judicial, no incorporar los recursos para el proceso de formulación que inicia.
Ante la consulta de crhoy.com, el Ministerio Público indicó que comparten la posición de la Presidencia de la Corte.
Adicionalmente, manifestaron su preocupación por el tema, dada la gran afectación que tendría para la persecución de los delitos un recorte presupuestario, en momentos en los que el país enfrenta una grave ola de violencia.
“El año pasado fue el segundo más violento en la historia, por lo que es absolutamente necesario contar con el contenido presupuestario que nos permita fortalecer la persecución del crimen”, señalaron mediante una respuesta de la Oficina de Prensa.
Los ₡9 mil millones de colones provienen esencialmente de reducciones al dinero que el Gobierno destinó para pagar deuda pública, una partida que no suele ser utilizada en su totalidad.
Diputados de la fracción de Liberación Nacional anunciaron no darán sus votos a proyectos de ley impulsados por el Poder Ejecutivo, si no se revierte esa decisión.
Source
José Adelio Murillo
