Nuevas medidas buscan reducir retrasos en los tribunales
La Corte Suprema de Justicia ha presentado un proyecto de ley con el objetivo de acelerar los procesos penales y reducir la acumulación de casos en el sistema judicial. La propuesta incluye cinco modificaciones clave al Código Procesal Penal, orientadas a evitar dilaciones y mejorar la eficiencia en la resolución de los juicios.
Principales cambios en el proceso penal
Los 22 magistrados han planteado reformas estratégicas que permitirían optimizar el desarrollo de los juicios. Entre las modificaciones más relevantes destacan:
- Declarar en rebeldía a imputados ausentes en audiencias preliminares, lo que evitaría retrasos cuando un acusado no se presente sin justificación.
- Un solo juez conocería delitos con penas de hasta diez años de prisión, eliminando la necesidad de conformar tribunales colegiados en ciertos casos.
- Reducción de plazos para sustituir abogados defensores en caso de ausencias, evitando que la falta de representación cause demoras innecesarias.
- Aplicación del procedimiento abreviado en la audiencia preliminar, permitiendo resolver casos de manera más expedita y evitando la saturación del sistema.
La urgencia de mejorar la eficiencia judicial
El informe más reciente sobre el estado de la justicia señala que el sistema judicial enfrenta serios desafíos debido a la acumulación de procesos y la lentitud en la resolución de casos. Según los datos analizados, los jueces concluyen menos expedientes cada año, lo que prolonga la permanencia de los asuntos penales en trámite y afecta tanto a víctimas como a acusados.
Ante este panorama, las reformas propuestas buscan dotar a los tribunales de herramientas más ágiles y eficaces para la administración de justicia.
Reacciones y próximos pasos
El proyecto de ley será sometido a análisis en la Asamblea Legislativa, donde se espera que distintos sectores del ámbito judicial y de derechos humanos presenten observaciones sobre las modificaciones planteadas.
Mientras tanto, la Corte Suprema ha enfatizado la necesidad de avanzar con estos cambios para garantizar una justicia más rápida y efectiva, reduciendo la carga procesal en los tribunales del país.
