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Este lunes la Corte Suprema de Justicia dio visto bueno a un proyecto de ley para reformar integralmente el régimen disciplinario de toda la institución, con el cual pretenden combatir la infiltración del crimen organizado y la corrupción.
Uno de los principales elementos de la iniciativa, aun en construcción, es reestructurar los plazos y herramientas para investigar a los funcionarios que incurren en faltas dentro o fuera del ejercicio de sus funciones, tal como reveló crhoy.com a inicios de julio.
Además, se cambian el mecanismo de las investigaciones internas y procesos disciplinarios, para imponer sanciones más eficaces. Con la nueva normativa se abarcarían al personal en propiedad, interino y meritorios, es decir, los trabajadores voluntarios cuyo objetivo es ganar experiencia y aprendizaje.
“El proyecto introduce reglas especiales para casos de corrupción, como la ampliación de los plazos de investigación y la eliminación de obstáculos que puedan generar impunidad por formalidades.
Además, contempla un papel más activo de las personas denunciantes que cumplan con requisitos específicos”, explicó el magistrado de la Sala Primera, Jorge Leiva.
Entre los nuevos aspectos destaca la posibilidad de trasladar pruebas obtenidas en procesos penales a los procedimientos administrativos disciplinarios, siempre bajo la autorización de un juez de garantía, quien verificará la pertinencia y legalidad de la información.
Otro de los cambios propuestos es la reestructuración del Tribunal de la Inspección Judicial, principal órgano disciplinario del Poder Judicial, lo anterior, para que una nueva estructura orgánica asuma competencias que actualmente recaen en el Consejo Superior y Corte Plena. Esto permitirá especializar la tramitación de casos disciplinarios.
En cuanto a las sanciones, la reforma establece que en casos de despido por faltas graves, la persona sancionada no podrá reingresar al Poder Judicial durante un período de 10 años y deberá someterse nuevamente a los procesos de selección.
Todo esto ocurre ante la crecida de empleados judiciales que han sido detenidos o imputados en casos de narcotráfico, crimen organizado, legitimación de capitales y corrupción. Solo en el último semestre, se han vinculado al menos 20 colaboradores de la administración de justicia en causas penales.
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Uno de las actualizaciones radica en darle más instrumentos a los órganos disciplinarios para hacer investigaciones. Por ejemplo, podrían incorporar pruebas de causas penales para que sirvan también en los procesos administrativos. Así lo detalló a crhoy.com, el presidente de la Corte, Orlando Aguirre.
Se está revisando el sistema para que nosotros podamos accesar también a medios probatorios que en este momento no se puede, como informaciones de cuentas bancarias o de comunicaciones, o apoderarse de información recaba por esas vías.
También, se abre la puerta a incorporar en el procedimiento disciplinario elementos de prueba que ya se han incorporado en un proceso penal, tales como intervenciones telefónicas, seguimientos o informes policiales.
El sistema para supervisar el comportamiento de los funcionarios tiene 30 años de no actualizarse de forma completa: únicamente se han ido incorporando algunos cambios menores. El magistrado Aguirre reconoce que el sistema requiere ser actualizado para cerrar portillos actuales que permiten la impunidad.
Yo diría que ha venido sirviendo desde hace muchos años, pero es necesario modernizarlo para hacer más claro el procedimiento. También fijar con precisión y de forma más amplia los términos de prescripción o de caducidad de la potestad disciplinaria.
Actualmente las normas son confusas, permiten interpretaciones y eso ha hecho que con frecuencia no podamos ejercer ese régimen, porque ya sea a nivel administrativo o jurisdiccional -en los juzgados contenciosos-, se ha extinguido la acción por el transcurso de un leve plazo, que a veces es nada más un mes: es muy corto y se está revisando para hacerlo más amplio.
Tras la aprobación de la Corte, ahora el proyecto de ley será trasladado a la Asamblea Legislativa para su eventual aprobación.
Source
José Adelio Murillo
