Contralora General de la República Marta Acosta
Marta Acosta Zúñiga, contralora general de la República, aplaudió la detención del sujeto investigado por verter amenazas de muerte contra ella y contra 2 diputadas de la Asamblea Legislativa.
El arresto del sujeto, de apellidos Mora Chaves, ocurrió la semana anterior en Liberia de Guanacaste y fue realizado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Según confirmó el Ministerio Público, el hombre quedó imputado en una causa penal por presuntas amenazas proferidas contra funcionarios públicos y está en libertad con medidas cautelares.
Además de Acosta, las amenazas fueron dirigidas hacia Andrea Álvarez Marín, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y hacia Sofía Guillén Pérez, legisladora del Frente Amplio (FA).
El sujeto habría utilizado correos electrónicos para atacar a las funcionarias.
“Muy bien que hayan identificado a esa persona a quien ahora le corresponde asumir la responsabilidad de esconderse detrás de un teclado para amenazar de muerte a funcionarias públicas”, indicó Acosta, a través de un correo electrónico remitido por la oficina de prensa de la Contraloría General de la República (CGR).
El Ministerio Público explicó que, después de la audiencia de medidas cautelares que se llevó a cabo contra Mora Chaves, el juzgado a cargo de resolver le impuso la obligatoriedad de no acercarse a 200 metros de la Asamblea Legislativa, de la CGR y de las personas ofendidas en la causa.
“Asimismo, se le ordenó no contactar ni realizar nuevas amenazas, por ningún medio, a las víctimas”, informó el Ministerio Público.
La diputada Álvarez indicó que no conocía sobre la detención, pero mostró satisfacción por lo acontecido. “En realidad, me llena de satisfacción y alegría que se vayan a sentar las responsabilidades de las personas que han hecho estas amenazas”, dijo.
La legisladora señaló que es comprensible que algunos ciudadanos tengan discrepancias sobre aspectos políticos o de gobierno. Dijo que está dispuesta a recibir críticas por el trabajo que ejerce como diputada de oposición, pero que no aceptará que esto afecte a su familia o a sus allegados.
Denuncio públicamente este mensaje que, como otros he recibido amenazando mi integridad física como Diputada. @oij_Organismo @FiscaliaCR pic.twitter.com/xNrn1xxsFg
— Andrea Álvarez Marín (@DespachoAAM) October 14, 2024
El 14 de octubre de 2024, las 3 funcionarias recibieron las amenazas de muerte por correo electrónico. Uno de los mensajes fue remitido por una cuenta de correo electrónico a nombre de Mauricio Trejos Garth (nombre de una persona que no existe, según el Registro Civil), en el que se advirtieron insultos y amenazas de “caerle” a la Asamblea Legislativa con armas de grueso calibre AR-15 y que llegarían hasta el plenario para atacar a los diputados de oposición (del PLN y el FA), afirmando que son cerca de 50 personas.
Las amenazas contra Acosta y las 2 diputadas trascendieron en el marco de los señalamientos por el proyecto de ley jaguar, el cual fue promovido por Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República, y Laura Fernández Delgado, entonces ministra de Planificación.
Otro caso similar
En julio de 2023, un hombre de apellido Morales amenazó de muerte a varios diputados desde la barra del público. El sujeto llegó hacia el inmueble legislativo, se quitó la camiseta y empezó a gritar de manera descontrolada contra los legisladores Ariel Robles Barrantes, del FA, y Francisco Nicolás, del PLN.
Un año después, en junio de 2024, Morales se acogió a una medida alterna para no enfrentar juicio por delitos de amenazas a funcionarios públicos. El sujeto tuvo que brindar una disculpa pública y por 1 año no podrá acercarse a las casas de los legisladores o a las instalaciones de la Asamblea Legislativa.
Morales descontaba 2 meses de prisión preventiva tras haberse ausentado de una audiencia judicial previa y ser declarado reo rebelde.
También el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, diputado del PLN, recibió amenazas de muerte por parte de seguidores chavistas.
En la misma denuncia de Arias figura como víctima el fiscal general, Carlo Díaz, contra quien también se lanzaron intimidaciones el año pasado. Por este caso se dio apertura a la causa penal 24-000071-0033-PE, en la que se investiga un presunto delito de amenazas a funcionario público.
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Pablo Rojas
