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La contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, alertó a los diputados sobre los riesgos de aprobar un proyecto de ley presentado por el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo Sandí, que pretende excluir del alcance de la Ley General de Contratación Pública (LGCP) las contrataciones que el país realice con otros Estados, organizaciones internacionales y otros sujetos de derecho internacional público.
Este martes, la jerarca de la Contraloría General de la República (CGR) compareció ante los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa para referirse a la propuesta. Acosta advirtió que excluir de la LGCP las contrataciones celebradas con organismos de derecho internacional, para cualquier propósito, financiadas con recursos públicos y ejecutadas en el país, provocaría una estructura paralela que abriría una puerta sin retorno.
“Esto no sería conforme al régimen constitucional”, subrayó la contralora Acosta.
Señaló que el modelo que plantea el proyecto generaría contrataciones con el riesgo de que se seleccione de forma directa al contratista, lo que podría provocar falta de control y acceso a la información sobre compras de bienes, servicios u obra pública para la ciudadanía, la Asamblea Legislativa, el Ministerio Público, la CGR y el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme).
Añadió que exceptuar de los procedimientos de la ley las contrataciones con organismos de derecho internacional, en los mismos términos de la legislación anterior, implicaría un retroceso en el modelo de contratación pública, que busca eficiencia y protección de los fondos públicos.
La contralora destacó que la experiencia nacional en la exclusión de estos organismos de la aplicación de la anterior Ley de Contratación generó vacíos de fiscalización, falta de transparencia, afectación de competencias de otras instituciones públicas y riesgos de irregularidades en el uso de los recursos estatales.
El expediente 24.215, presentado en marzo del año pasado por Izquierdo Sandí, pretende modificar el inciso e) del artículo 2 de la LGCP para eximir de los requisitos de esta ley los contratos administrativos suscritos con sujetos de derecho internacional público, incluyendo expresamente a la Cruz Roja.
La propuesta fue dictaminada en noviembre del año anterior por la Comisión de Asuntos Sociales del Congreso, tras la aprobación de un texto sustitutivo.
La Contraloría General de la República (CGR) advirtió a los diputados semanas atrás que, actualmente, la LGCP excluye los acuerdos celebrados con otros Estados o sujetos de derecho internacional público de carácter humanitario, los cuales se rigen por el derecho internacional.
Además, mencionó que la contratación de bienes, servicios y obra pública realizada con fondos públicos y en la que participen organismos internacionales sí forma parte del ámbito de aplicación de la ley.
Según el ente contralor, la reforma pretende excluir esta actividad contractual de la LGCP, lo que podría generar consecuencias negativas.
“Esto permitiría la contratación sin el cumplimiento de los principios de licitación pública, igualdad y publicidad. Este intento de reforma tiene un paralelismo con lo planteado en el proyecto de ley 24.467, denominado ‘Ley Jaguar para el impulso del desarrollo de Costa Rica’”, advirtió la CGR.
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Carlos Mora
