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Las consultas para el decreto sobre Ciberseguridad sobre la red tecnológica 5G no pasó a conocimiento por parte del Consejo Directivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) previo a su divulgación pública.
Así lo reconoció el director del Consejo Directivo de la empresa estatal, durante una comparecencia ante la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa durante este miércoles 27 de noviembre.
El foro parlamentario convocó tanto a Guevara como a la directora Kathya Villar Bonilla para referirse a los costos y consecuencias de la aplicación del Decreto N° 44196-MSP-MICITT y el atraso de 5G en Costa Rica
El reglamento fue publicado el 31 de agosto de 2023 en el Diario Oficial La Gaceta y establece que los proveedores no podrán utilizar equipos de telecomunicación de empresas con sede en países que no se hayan adherido al Convenio de Budapest. China no está suscrito a ese acuerdo mundial.
“Referente el Decreto, nosotros como Consejo Directivo no recibimos consultas al respecto. Tal vez la parte técnica recibió algún tipo de consulta, pero digamos como Consejo Directivo nosotros no“, indicó Guevara ante consulta realizada por la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Monserrat Ruiz.
La congresista verdiblanca cuestionó que no se aplicó el artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública, en la cual se consideró la necesidad de que dicho decreto se pusiera en conocimiento a los directores de la empresa estatal.
El legislador del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Alejandro Pacheco, expuso en la audiencia que la base del problema es el Gobierno de la República “por el decreto que excluye a países como Brasil, Francia y China“.
“Atada de manos”
La directora Villar Bonilla reconoció que la empresa estatal está “atada de manos” para implementar tecnología 5G por recursos judiciales que se encuentran ante el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA).
Dichas acciones fueron presentadas por la empresa Huawei y la Federación del Frente Interno de Trabajadores del ICE.
La directora reconoció que a la fecha no se pueden aprobar proyectos porque a la fecha se tiene restricción para implementarla precisamente por el asunto.
“No es que no se tenga la capacidad o que no tenemos la posibilidad, si los Tribunales no nos hayan resuelto sobre esa licitación”, indicó Villar.
De acuerdo con estadísticas de la empresa estatal, el atraso en la aplicación del 5G en Costa Rica generarían pérdidas por más de $289 millones en un lapso de 4 años.
La representante del Consejo Directivo afirmó que a raíz de esta situación están realizando proyectos internos para el mejoramiento de la red; pero que a la fecha “no podemos implementarlos” porque “estamos amarrados de manos para el arranque de la tecnología“.
Source
Greivin Granados
