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El Poder Judicial y la oposición en el Congreso lamentaron y reprocharon que el presidente, Rodrigo Chaves Robles, y su Gobierno retiraran su apoyo y de la agenda de proyectos en discusión en la Asamblea Legislativa la propuesta de ley de ejecución de la pena.
El plan, que ya está en su etapa de discusión en el plenario, busca regular los beneficios carcelarios que reciben los privados de libertad (ver detalles abajo).
A pesar de que el propio Gobierno -por medio del Ministerio de Justicia- impulsó en la Asamblea Legislativa la iniciativa de ley y que la jefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros Gallo, defendió la iniciativa y la votó a favor en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, el pasado 27 de noviembre el Mandatario atacó el proyecto y lo retiró de la agenda en el Congreso.
Chaves se refirió al proyecto que su misma Administración y diputados impulsaron como “un mamotreto” y advirtió que si el expediente lograba su aprobación, él lo vetaría.
“Si lo aprueban, yo lo veto, búsquense otros 38 diputados”, afirmó el mandatario.
Hay que mencionar que el retiro del apoyo por parte del Gobierno y su retiro de agenda en las Sesiones Extraordinarias en la Asamblea Legislativa-en las que el Ejecutivo controla la agenda que se discuten en el Congreso- se dio tras la visita al país del presidente salvadoreño, Nayib Bukele Ortez, quien prometió al país “asesorar al Gobierno sobre el manejo de cárceles”.
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Diputados retan a Chaves a señalar debilidades del texto
Desde el Congreso, el legislador liberacionista y presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Gilbert Jiménez Siles y la congresista independiente, Gloria Navas Montero, cuestionaron el discurso de Chaves en contra del proyecto de ley tras la visita de Bukele.
Jiménez Siles aseguró que, antes del retiro del texto de la agenda legislativa, ya había adelantado un 70% de un nuevo texto sustitutivo que se discutiría en próximas semanas. En la redacción de esa versión participaron funcionarios del Ministerio de Justicia, asesores legislativos y el Poder Judicial.
“Ni siquiera conoce el proyecto de ejecución de la pena, ni siquiera lo ha leído. Sus críticas se sustentan en los chismes que hacen otras personas. Señor presidente, yo lo reto a que venga, estudie y me diga dónde están las debilidades, las diferencias, los cambios, las acciones y las soluciones, y les diga a sus personas en el Ministerio de Justicia y Paz por qué no nos dieron los respectivos aportes”, reclamó Jiménez.
Por su parte, la diputada Navas censuró al presidente Chaves y alertó que la decisión del Gobierno lesiona “la estructura democrática del país”.
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La legisladora reprochó al mandatario sus ataques a otros poderes de la República y al derecho de información, a la vez que lo llamó a repasar la Constitución Política y alejarse del modelo de su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele.
“El presidente Chaves se ha dedicado a criticar lesivamente al Poder Judicial, a la Sala Constitucional y al derecho de información y opinión de la prensa nacional. Esa posición no ayuda a construir puentes para lograr acelerar el bienestar de la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado. Acá no queremos dictaduras, no pierda la dirección, repase la Constitución Política y no se acerque peligrosamente a ese estado de excepción de su homólogo salvadoreño, que acá no lo permitiremos. Busque el camino del diálogo, no el de la amenaza y arbitrariedad” , dijo la diputada Navas a Chaves.
Corte censuró el “populismo punitivo”
Tras la decisión del Poder Ejecutivo de retirar el proyecto de ley, el Poder Judicial cuestionó la decisión y dijo que el proyecto trata de una iniciativa urgente para ordenar el sistema penitenciario.
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La Corte instó a que el tema se trate con altura y responsabilidad, rechazando “los ataques, el populismo punitivo y las narrativas que buscan dividir”.
“La construcción de acuerdos en beneficio del país debe prevalecer. Exhortamos a que se retome el análisis del proyecto con la seriedad que merece, pues está en juego la posibilidad de garantizar un sistema penitenciario que responda a los desafíos actuales y futuros de nuestra sociedad”, manifestó el Poder Judicial.
Proyecto trascendental
El plan, que se tramita bajo el expediente 24.019, ya está en su etapa de discusión en el plenario. El texto fue dictaminado por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso el pasado 3 de octubre.
La iniciativa busca regular los beneficios carcelarios que reciben los privados de libertad. La propuesta también establece que las personas que sean condenadas por crimen organizado, tráfico de drogas, homicidio o femicidio no podrán solicitar esos beneficios.
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Además de regular los beneficios carcelarios, la intención del plan es delimitar los derechos y deberes de las personas sentenciadas, para brindar un marco de seguridad jurídica a ese procedimiento, y plantea un desarrollo sobre las funciones del Sistema Penitenciario Nacional, como dependencia del Ministerio de Justicia y Paz que tiene a su cargo el control y vigilancia de la efectiva ejecución de la sanción penal.
Source
Carlos Mora
