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Los diputados aprobaron, en segundo y último debate, el proyecto de ley 23.192 que pretende sancionar con una inhabilitación entre 1 y 4 años para ocupar cargos públicos a los jerarcas que incumplan con la reglamentación de leyes aprobadas.
La iniciativa, presentada por la legisladora socialcristiana Daniela Rojas Salas, consta de 2 artículos.
El primero señala que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar las leyes en el plazo que para tal efecto se indique en la misma ley. En caso de que la ley no señale la necesidad de una reglamentación específica, ni el plazo para hacerlo, el Poder Ejecutivo contará con 6 meses a partir de su publicación para reglamentar lo pertinente y necesario para la aplicación de esta.
Para efecto de cualquiera de los supuestos establecidos en este primer artículo, el plazo podrá prorrogarse hasta por 3 meses más mediante criterio técnico razonado.
El segundo artículo propone que el jerarca o funcionario que incumpla con la obligación de reglamentar una ley dentro del plazo establecido de conformidad con el artículo uno de la presente ley, incurrirá en el delito de incumplimiento de deberes en la función pública, previsto en el Código Penal vigente.
El artículo 339 del Código Penal indica que el delito de incumplimiento de deberes será reprimido con pena de inhabilitación de 1 a 4 años cuando se determine que un funcionario público, ilegalmente, omitió, se negó a hacer o en ejecutar algún acto propio de su función.
El plan pasará ahora a la Presidencia de la República para su sanción.
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Carlos Mora
