Un juez condenó este martes a 48 años de prisión a un hombre que mató a tiros en Panamá a dos manifestantes que protestaban contra una compañía minera canadiense en 2023, en un hecho grabado en video que conmocionó al país, informó la fiscalía.
Kenneth Darlington, de 78 años, fue condenado “a 48 años de prisión” por los delitos de “homicidio doloso agravado” en perjuicio de dos ciudadanos panameños, que murieron tras ser tiroteados durante una protesta antiminera, señaló la fiscal del caso, Paula Garcés.
Darlington, de nacionalidad panameña, también fue condenado por “posesión y tráfico de armas y explosivos”, agregó la funcionaria en un video publicado en la cuenta de X del ministerio público.
En un comunicado, el órgano judicial indicó que el juez Luis Ceballos “validó un acuerdo de pena consensuado entre las partes” en el que se declara a Darlington “como autor del delito contra la vida y la integridad personal”.
El 7 de noviembre de 2023, Darlington disparó con una pistola a dos maestros que protestaban junto a otro grupo de personas en la vía Panamericana, a la altura de la localidad de Chame, a unos 80 kilómetros al suroeste de Ciudad de Panamá.
En un video que se hizo viral, se puede ver a Darlington bajar de su vehículo para reclamar a los manifestantes que reabrieran la vía. Ante su negativa, el hombre regresó a su auto, sacó de allí una pistola y les disparó directamente a dos personas.
“Las víctimas se mantenían manifestándose de manera pacífica en contra del contrato minero”, afirmó Garcés.
En 2023, Panamá fue el foco de intensas protestas contra la aprobación, el 20 de octubre, de la ley para un nuevo contrato de concesión a la minera canadiense First Quantum Minerals. El acuerdo permitía a la compañía operar por 20 años prorrogables la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica.
Sin embargo, miles de personas protestaron contra este contrato al considerar que la mina provocaba graves daños medioambientales. Durante más de un mes el país estuvo semiparalizado por las mayores protestas que se recuerdan tras la caída del exdictador Manuel Antonio Noriega en 1989.
Finalmente, la Corte Suprema declaró “inconstitucional” el contrato de concesión, tras lo cual se paralizó la producción y el gobierno dijo que implementaría un programa de cierre de las instalaciones.
