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El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) debió excluir 12 proyectos de riesgo inminente que inicialmente se involucraron con el empréstito que suscribió el Estado con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), alegando “temas de competencia”.
El detalle se encuentra contemplado en el Informe de Auditoría Acerca del Establecimiento de Controles por parte de la CNE para la Ejecución del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri) de diciembre de 2024.
Al momento en que se efectuó la Auditoría de la CGR, el Conavi “no ha comunicado de manera oficial dicha situación a la CNE“, aunque reconoció que sí se efectuaron menciones a las partes interesadas acerca de la no inclusión de los proyectos en el programa.
Algunos de los proyectos presentes se encuentran los puentes sobre el río Seco, río Naranjo, río Lagarto, río Sardinal, río Abangares y río Congo, sobre la ruta nacional 1.
“Ante el Proeri, se identificaron los presentes proyectos, sujetos a reparación o reconstrucción de las obras existentes; sin embargo, en conversación con la Unidad Ejecutora (U.E) que administraría el contrato de la Ampliación de la Ruta Nacional 1, Barranca Limonal, el alcance propuesto para esta contratación ligado a estos sitios es la construcción de puentes nuevos, en donde variaría el diseño geométrico de la ruta.
“En virtud de lo anterior, y con el afán de resguardar los fondos del programa, se decide no realizar las intervenciones vía Proeri”, aseguró el entonces gerente de Construcción de Vías y Puentes, Pablo Camacho Salazar.
También se dejaron por lado el puente sobre el río Salitral sobre la ruta nacional 1, el río Siquirres sobre la ruta nacional 32, el río Javillo sobre la ruta nacional 1, el río Torres sobre la ruta nacional 39 (Circunvalación); y el punto vulnerable en Quesada, San Carlos.
“Según el registro y control de la Dirección de Diseño de Vías y Puentes de este Consejo, los puentes sobre estos ríos, ya fueron ejecutados por parte de la Administración de previo al Proeri, con fondos propios del Consejo”, aseguró Camacho ante la Contraloría General de la República.
De acuerdo con la CGR, en el caso del puente sobre Quebrada Mona en Osa, el órgano adscrito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) precisó que “no presenta indicios de gravedad o riesgo inminente para ser intervenido por el programa“.
Según el informe contralor, a pesar de la base de datos y la plataforma de gestión y monitoreo de las licitaciones del programa registra dicho proyecto con el número de contratación 2024CPI-0007-Proeri-Conavi.
Con corte al 31 de octubre de 2024, únicamente 4 de los proyectos mencionados se eliminaron y 8 restantes se mantienen activos; así como también surgen 34 que ostentan un presupuesto que suma en su conjunto $15,3 millones aproximadamente.
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Inconsistencias
La Contraloría General de la República (CGR) encontró una serie de inconsistencias vinculadas con la información contenida en los datos del Proeri.
Según el órgano contralor, la CNE inició el 18 de diciembre de 2024 una revisión de los proyectos contenidos en la base de datos del programa para actualizar la información, específicamente la relacionada con las coordenadas precisas de las iniciativas.
No obstante, la Contraloría recalcó sobre la necesidad de efectuar las modificaciones necesarias para fomentar la transparencia, el control ciudadano y la trazabilidad en el acceso de la información, porque a su criterio, la información “no es congruente con lo establecido en la Ley General de Control Interno“.
Aseguraron que también se contraponen con lo establecido en el contrato del préstamo sobre la obligación del Organismo Ejecutor Coordinador y los Organismos Ejecutores para mantener los registros actualizados con el Programa para verificar el progreso de los trabajos.
La Contraloría cuestionó una “débil estructura de control para el registro de información estandarizada, de calidad y actualizada para seguir la ejecución del Programa”.
“En consecuencia, se identifican retrasos en la ejecución del portafolio del programa, particularmente en los 298 proyectos de peligro inminente, cuyo plazo según Acuerdo de Junta Directiva de la CNE debe ejecutarse en 18 meses.
“A la fecha han transcurridos 8 meses y solo 1 proyecto se encuentra en etapa de ejecución de obra. Además, al menos 155 proyectos han sufrido reprogramaciones en su fecha de inicio de uno hasta 17 meses, y ahora la CNE pretende ejecutar 394 proyectos durante el 2025″, recalcó la Contraloría al momento de hacer el corte de la Auditoría.
Además, la Contraloría encontró una afectación en la rendición de cuentas y la transparencia debido a que los datos mostrados “no reflejan la realidad de los proyectos“, por lo cual se podría estar financiado iniciativas “que no se vinculan con la finalidad del crédito”.
Source
Greivin Granados
