Durante la inauguración de las nuevas instalaciones del hospital Monseñor Sanabria Jiménez en Puntarenas, Rodrigo Chaves, presidente de la República, cuestionó de nuevo la institucionalidad de nuestro país.
“Ustedes pueden hacer que este país entre en una era de la prosperidad, de la limpieza, de la transparencia hasta el olor bonito de lo que está limpio y fresco, en lugar de volver al pasado donde los discursos fantasiosos, la institucionalidad que ‘protege’, la institucionalidad que debemos defender, ¡no!
Las instituciones no son fines, lo único a lo que se le debe venerar y proteger es al ciudadano, a la ciudadana, a las poblaciones vulnerables, adultos mayores y niños. Ya no coman cuento que defender a un magistrado, a un fiscal matón, a una contralora opositora, es, por un lado, defender a la institucionalidad y, por otro lado, atacar la democracia”, vociferó Chaves.
Además, durante su discurso no faltaron los ataques a Marta Acosta, contralora general, y a Carlos Díaz, fiscal general, ya que una vez más les trasladó la culpa de ineficiencias del Gobierno actual.
Según Chaves, es culpa de Acosta y Díaz que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no esté sesionando. Asegura que estos funcionarios la descabezaron por el caso Barrenador.
En realidad, la Junta Directiva no ha sesionado porque el Consejo de Gobierno no ha querido nombrar a un miembro que hace falta, para sustituir a María Isabel Camareno, quien fue suspendida desde el 10 de octubre por las adjudicaciones investigadas en el caso Barrenador.
Además, para contar con el quorum completo hacen falta 2 miembros del sector patronal, ya que la propuesta que hicieron fue devuelta por falta de paridad de género.
Los atrasos en la Junta Directiva obedecen a las suspensiones de directivos como Marta Esquivel, expresidenta ejecutiva, María Isabel Camareno, Johnny Gómez, Zeirith Rojas.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción FAPTA atribuye a los sospechosos la presunta comisión de los delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias y se investiga el caso en la causa 24-000267-1218-PE.
Según el Ministerio Público, estas personas tomaron la decisión de adjudicar el contrato de administración de 138 Ebais a varias cooperativas, pese a que se determinó que las ofertas presentadas por las entidades eran excesivas.
En apariencia, el contrato significaría un incremento anual de pago de más de 12.400 millones de colones respecto al costo actual de la prestación del servicio en ejecución.
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Ambar Segura