Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República, respaldó a los funcionarios cuyos teléfonos fueron decomisados por la Fiscalía General en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias y aparente recibimiento de dádivas derivada del caso “Madre Patria”.
En una acción conjunta con el Ministerio Público efectuada el miércoles, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) decomisó los teléfonos celulares de Carlos Ávila Arquin, viceministro de Transportes; Marlen Luna Alfaro, presidenta ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM); Gabriela Jiménez Corrales, alcaldesa de San Ramón por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y Leslye Bojorges León, diputado del PUSC por la provincia de Alajuela, y Lourdes Sáurez Barboza, directora de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del Ministerio de Educación Pública (MEP).
Una serie de intervenciones telefónicas contenidas en el expediente del caso señalaron que un autobusero investigado en el caso, de apellido Herrera y que cumple prisión preventiva desde mediados de 2024, aseguró que recibía ayuda del viceministro de Transportes con trámites a lo interno de la cartera y del Consejo de Transporte Público (CTP).
Pese a que Ávila negó esta situación, el 16 de agosto de 2023 hubo una reunión en el despacho del viceministerio entre el jerarca y el empresario Herrera.
En junio de 2024, el viceministro confirmó la cita y explicó que el encuentro obedeció a una petición de los empresarios para tratar temas referentes a la operación de una ruta de transporte público en la provincia de Alajuela.
La oficina de prensa del Ministerio Público confirmó que los 5 funcionarios, más Arturo Campos Araya, regidor del PUSC en el cantón central de Alajuela y excandidato a alcalde, figuran en la investigación abierta tras los indicios vinculados con el caso “Madre Patria”.
“Los expedientes bajo investigación, por presuntos delitos de tráfico de influencias, son 23-000087-0033-PE (contra Bojorges León) y 24-000059-033-PE (contra el resto de personas sin fueron especial).
“En términos generales, la Fiscalía confirmó que se investiga el aparente recibimiento de dádivas provenientes de un empresario vinculado con una compañía autobusera y tráfico de influencias. De momento, es todo lo que puede informarse, para no entorpecer la investigación”, citó la entidad, a través de un correo electrónico.
Chaves aseguró este jueves, posterior a la celebración del 200 aniversario de la Asamblea Legislativa, que desde mediados de 2024 solicitó explicaciones al viceministro Ávila. De paso, bajó el tono hacia las pesquisas de la Fiscalía General alegando que “una mención en un caso, no significa que alguien esté implicado”.
“Don Carlos Ávila ni doña Marlen Luna, ni doña Lourdes Sáurez, ni la alcaldesa de San Ramón (Jiménez) son imputados. Simplemente, lo que yo entiendo, es que el diputado Bojorges los llamó para cosas que la Fiscalía está investigando como posibles delitos ¿Por qué voy a quitar yo a Carlos Ávila?”, respondió el mandatario, quien continuó con los acostumbrados ataques hacia el Ministerio Público.
El presidente insistió en que hasta que no reciba evidencia delictiva más allá de las conversaciones entre el diputado Bojorges y los demás funcionarios, “ahí se quedará”.
Jerarcas y altos funcionarios vinculados con empresario detenido por el caso Madre Patria.
Caso “Madre Patria”
La Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada (FACDO) del Ministerio Público confirmó en octubre que se mantendrá 1 año de prisión preventiva como medida cautelar en contra de 21 personas imputadas en el caso “Madre Patria”.
Así lo determinó el Tribunal Penal de San José, en una resolución emitida el pasado 25 de setiembre, tras analizar un recurso de apelación planteado por la defensa técnica de los imputados en la causa contra una decisión del Juzgado Penal de San José emitida en julio.
A los imputados se le vincula con los presuntos delitos de falsedad ideológica, uso de documento falso, estafa mayor, legitimación de capitales, procuración de impunidad y cohecho.
La supuesta organización se dedicaba a perpetrar fraudes registrales con propiedades de alto valor en distintos puntos del país. La investigación desarrollada por la FACDO señala que, presuntamente, los dueños reales de los terrenos (extranjeros y adultos mayores) eran despojados de las propiedades a través de maniobras registrales perpetradas por abogados afines a la agrupación.
La supuesta organización era liderada por 2 ciudadanos españoles, de apellidos León y Gómez, quienes habrían contado con el soporte de abogados y notarios.
Al parecer, el grupo legitimaba el dinero producto de la actividad ilícita a través de otro tipo de negocios: empresas que gestionaban rutas concesionadas por el CTP, inversión en criptomonedas, adquisición de vehículos de alto valor o inversiones en tiendas tipo “outlet”.
Entre los imputados que deberán cumplir 1 año de prisión preventiva figura un juez penal de la República, destacado en el Tribunal Penal de Desamparados, de apellidos Venegas Marín.
El Tribunal Penal de San José mantuvo las medidas cautelares ordenadas en contra del imputado Rosales Apú, funcionario del CTP, quien presuntamente habría beneficiado a la organización con trámites a lo interno de la entidad estatal. Por esa razón, el sospechoso continuará suspendido del cargo y deberá mantener domicilio fijo, presentarse a firmar, y tendrá impedimento de salida del país.
En el caso de los oficiales de la Policía de Tránsito y los abogados, el decidió revocar las medidas cautelares de suspensión del cargo e inhabilitación del cargo. Así las cosas, continuarán sujetos al proceso penal debiendo firmar de manera periódica, con impedimento de salida del país y sin la posibilidad de acercarse a testigos en la causa.
La investigación continúa en trámite bajo el expediente 22-005018-0042-PE.
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Pablo Rojas
