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La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) presupuestó ¢4.173 millones para contratar servicios de médicos especialistas, ante la crisis que vive la institución y la declaratoria de emergencia sanitaria que se dio el 11 de diciembre.
A estos doctores se les pagará por el servicio que brinden, deben detallar en cuáles horarios tienen disponibilidad y en cuáles hospitales pueden laborar, por lo que deben estar disponibles para trasladarse al centro médico. La contratación comenzaría el 10 de enero de 2025.
El concurso se publicó este lunes en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) y según consta en el pliego de condiciones es un procedimiento especial de contratación, que busca contratar “servicios profesionales médico – especializados para atender la demanda de urgencias que en un momento determinado se presenten en alguno de los hospitales nacionales, regionales o periféricos de la Caja Costarricense del Seguro Social durante la declaratoria de emergencia“.
Según detallan, los servicios se utilizarán para atender de manera urgente a pacientes que no puedan ser gestionados dentro de la CCSS hasta el 3 de junio de 2025, fecha que se podría prorrogar.
Algunos de los servicios profesionales que se contratarán son en:
Ortopedia.
Cirugía General.
Anestesia.
Gineco-obstetricia.
Radiología.
Estos médicos deberán atender dentro de los hospitales de la CCSS, utilizando el equipo, insumos e infraestructura. Además, serán apoyados por funcionarios técnicos y profesionales de la institución y deben estar incorporados en el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.
Presupuesto
La CCSS presupuestó ¢4 mil millones, pero los médicos interesados deberán presentar su oferta apegándose a la siguiente información:
Según el pliego de condiciones se adjudicarán todas las ofertas que cumplan con los requerimientos y no se exige la Garantía de Cumplimiento, pero sí deben contar con una póliza de responsabilidad civil.
La institución actualmente enfrenta una emergencia sanitaria e institucional en razón de la renuncia de los médicos especialistas, asimismo se une a esta crisis la fuga de dichos profesionales a nivel institucional, situación que evidentemente genera una afectación a la prestación de los servicios de salud y por ende a la población que así lo requiera, lo que indudablemente tiene un impacto en el interés público y es por ello que la institución debe de generar todas las acciones que correspondan a efecto de evitar los riesgos asociados y garantizar el derecho a la salud y la vida, se establece en el pliego.
Source
Ambar Segura
