De acuerdo con información de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) del 2021 al 2023, los servicios de emergencias en el país brindaron 8.598 atenciones a menores de edad con diagnósticos relacionados con violencia.
Además, en ese periodo se atendió a 94 menores diagnosticados por explotación sexual comercial, de los cuales 41 se dieron en el 2023, reflejando un aumento con respecto a los 2 años anteriores: en 2021 se dieron 29 y en 2022, 24.
De 2021 a 2023, la CCSS atendió un caso de un menor entre 1 y 4 años, 4 en menores de 5 a 9 años, 41 en el grupo de 10 a 14 años y 48 en personas de 15 a 19 años.
En los establecimientos de salud también se atendió a 7 menores con diagnósticos por trata de personas, 1 caso de 10 a 14 años y 6 en personas de 15 a 19 años. Por otro lado, se diagnosticó a 200 menores por debajo de los 10 años con infecciones de transmisión sexual, lo que para la Auditoría Interna es un indicador de abuso sexual.
La CCSS en ese periodo también diagnosticó a 22 con menos de 14 años con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), lo cual puede originarse como consecuencia de transmisión perinatal, es decir, contagio que se dio durante el embarazo.
Con respecto a violaciones, la CCSS registra 100 casos atendidos en 3 años, de los cuales 8 se dieron en menores de 1 a 4 años, 13 de 5 a 9 años, 39 de 10 a 14 y 40 casos en personas de 15 a 19 años.
También, se registraron 974 casos del 2021 al 2023 de diagnósticos por embarazo, la Auditoría consideró que es un aspecto que debe ser considerado porque podrían ser consecuencias de una relación impropia, violación o abuso sexual.
En general, el grupo de menores de 10 años presentó la mayor cantidad de casos de violencia y la mayor tasa, con 43.3 casos por cada 100 mil habitantes durante el 2023. Además, hay un claro predominio en el sexo femenino, con 68% del total de casos.
La violencia contra personas menores de edad en Costa Rica es un problema complejo que requiere un enfoque multidisciplinario, involucrando la prevención, protección, protección y atención integral para garantizar el bienestar y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, cuyas acciones son impostergables para la protección de la niñez, concluyó la Auditoría en un informe sobre la gestión de la CCSS de la violencia en todas sus manifestaciones en menores de edad.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia es el “uso intencional de la fuerza física o el poder o como amenaza contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo”.
Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó que 99 millones de niños y niñas de América experimentan abusos cada año.
Para la Auditoría de la CCSS existen factores que aumentan la vulnerabilidad de los menores de sufrir violencia:
Pobreza.
Desigualdad.
Condiciones de vida precarias.
Disfuncionalidad familiar.
Abuso de sustancias por parte de los padres o cuidadores.
Antecedentes de violencia en el hogar.
Normas y creencias que toleran o justifican el uso de la violencia como forma de disciplina o control.
Debilidades en el sistema de protección infantil.
Falta de recursos y personal capacitado para atender casos de violencia.
Las consecuencias de la violencia en menores son:
Daños físicos inmediatos.
Problemas de salud a largo plazo como trastornos de ansiedad, depresión y estrés postraumático.
Bajo rendimiento escolar.
Ausentismo.
Deserción escolar.
Dificultades para establecer relaciones saludables.
Aislamiento social.
Problemas de comportamiento.
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Ambar Segura