Una nueva controversia ha sacudido al Ministerio Público de Costa Rica, luego de que la Inspección Judicial abriera una causa contra el fiscal general de la República, Carlo Díaz, por presunto acoso laboral. La investigación, que se mantiene bajo el expediente número 25-000289-0031, está siendo seguida de cerca por las autoridades judiciales, mientras se profundiza en las acusaciones de acoso.
Origen del conflicto: Las denuncias del fiscal Aguilar
El caso comenzó a raíz de las denuncias del fiscal especializado en Cibercrimen, Carlos Aguilar, quien afirmó haber sido víctima de represalias laborales por parte de Díaz. Aguilar reveló que el conflicto surgió después de que se hicieran públicas las acusaciones contra el fiscal general, relacionadas con supuestos favores a su pareja sentimental, la fiscal Arelys Mora Gamboa.
Según las declaraciones de Aguilar, las tensiones aumentaron cuando, en lo que él considera un acto de venganza, se difundió un documento anónimo acusándolo de filtrar información confidencial. También señaló que su oficina fue trasladada a una bodega sin acceso a internet y que se le comunicó que no sería promovido a un cargo más alto, el de fiscal adjunto, pese a haberlo ocupado temporalmente.
Posición de la Fiscalía: Aclaraciones y defensa de su labor
Ante las acusaciones de Aguilar, el Ministerio Público emitió una serie de aclaraciones que buscan esclarecer la situación. En un comunicado oficial, la Fiscalía negó rotundamente que se haya contemplado el cierre de la Unidad de Cibercrimen, como mencionó Aguilar en sus declaraciones. Según la institución, «no se ha girado ninguna orden para el cierre de la Unidad de Cibercrimen, ni se ha evaluado dicha medida».
Además, la Fiscalía resaltó que, a pesar de las tensiones, la unidad continúa trabajando con normalidad. En 2024, se reportó un aumento del 45% en las denuncias de delitos relacionados con ingeniería social en San José, lo que incrementó la carga de trabajo de la unidad. Como respuesta, se instruyó al fiscal adjunto para que supervisara de cerca las acciones contra el ciberdelito.
La Fiscalía también enfatizó que el fiscal Aguilar y su equipo siguen siendo capacitados y respaldados tanto a nivel nacional como internacional, contribuyendo a la formación de otros fiscales en la región.
¿Qué implica esta denuncia para la Fiscalía y el sistema judicial?
La denuncia contra Carlo Díaz es un tema delicado que podría tener implicaciones significativas para la imagen y el funcionamiento del Ministerio Público. Además de las consecuencias personales para el fiscal general, esta situación pone en evidencia las tensiones internas dentro del sistema judicial costarricense, especialmente en un área tan crucial como la lucha contra el ciberdelito.
Este caso podría abrir un debate sobre cómo se gestionan las denuncias de acoso laboral en instituciones públicas y cómo se deben manejar los conflictos internos para garantizar la transparencia y la eficiencia del sistema judicial.
