El Congreso de El Salvador, dominado por el presidente Nayib Bukele, aprobó este viernes extender hasta 2027 la detención de decenas de miles de presuntos pandilleros, mientras la Fiscalía prepara acusaciones para unos 600 juicios masivos.
La reforma a la Ley de Crimen Organizado fue aprobada por 57 diputados oficialistas y tres opositores, apenas diez días antes de que venciera el plazo de dos años que permitía mantener presos, sin juicio, a más de 88.000 personas detenidas desde 2022 por supuesta pertenencia o colaboración con pandillas.
Según la nueva norma, la Fiscalía General tendrá un máximo de 24 meses para presentar las acusaciones contra cada estructura criminal y sus miembros, con la opción de prorrogar el plazo por 12 meses adicionales.
Los legisladores oficialistas que apoyaron la medida argumentan que es necesaria para recopilar pruebas y agilizar los procesos judiciales contra presuntos pandilleros, evitando que los detenidos queden en libertad antes de ser juzgados.
La propuesta se presentó 10 días antes de que venciera el plazo anterior de dos años para mantener a estas personas bajo detención preventiva. Ahora requiere la aprobación del pleno de la Asamblea Legislativa, que, al igual que la comisión que aprobó la medida, está controlada por el partido gobernante, por lo que su aprobación es considerada muy probable.
