En una decisión que podría redefinir la estrategia de seguridad estadounidense, el presidente Donald Trump firmó de forma discreta una directiva que autoriza al Ejército de Estados Unidos a ejecutar operaciones militares directas contra cárteles de droga en el extranjero.
La medida, revelada por The New York Times, permite ataques tanto en tierra como en mar, enfocándose en organizaciones que su administración clasifica como grupos terroristas internacionales.
Alcance de la nueva autorización presidencial
De apoyo policial a ofensiva militar directa
Hasta ahora, la participación militar estadounidense en la lucha antidrogas se limitaba al apoyo logístico, inteligencia y capacitación de fuerzas locales. Con esta orden, el Ejército pasa a tener luz verde para operaciones ofensivas contra objetivos específicos fuera del territorio nacional.
Entre las organizaciones que ya han sido señaladas por la administración Trump están el Tren de Aragua, MS-13 y el Cártel de los Soles. La designación como organizaciones terroristas abre la puerta a sanciones financieras, restricciones de movilidad y, ahora, posibles intervenciones armadas.
Controversia legal y constitucional
Riesgo de violar el derecho internacional
Juristas y expertos en derecho internacional advierten que emplear fuerza letal contra personas sospechosas fuera de un conflicto armado podría considerarse ilegal e incluso asesinato, si no se cuenta con el consentimiento del país afectado.
Históricamente, Estados Unidos ha participado en operativos antidrogas en América Latina, pero siempre bajo estrictos límites legales y en coordinación con autoridades locales. Esta directiva rompe con ese patrón y reabre el debate sobre los límites del poder presidencial en acciones militares extraterritoriales.
Estrategia de seguridad nacional y reacciones oficiales
El objetivo declarado: proteger el territorio estadounidense
La Casa Blanca sostiene que esta medida responde a la prioridad de Trump de defender la seguridad nacional y frenar el flujo de drogas hacia el país.
Hasta el momento, el Pentágono no ha emitido comentarios oficiales sobre cuándo o cómo se implementará la orden.
Mientras tanto, la comunidad internacional y sectores políticos internos observan con cautela los posibles escenarios que esta decisión podría desencadenar, desde tensiones diplomáticas hasta un incremento de la violencia en las zonas objetivo.
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