Seguidores del presidente Rodrigo Chaves están organizando grupos que asistan a la marcha del 18 de marzo, planeada contra el fiscal general Carlo Díaz. Para convocar a la gente, les ofrecen transporte en bus, alimentación y hasta 10 mil colones por persona.
Se trata de una movilización que ha estado anunciando e impulsando el Presidente desde hace más de un mes, mediante sus programas semanales televisados. La protesta está convocada para inicios de la próxima semana, tanto Chaves como otras figuras cercanas han expresado “anuencia” a asistir.
En redes sociales y mediante comunicaciones vía WhatsApp, algunas personas ofrecen los traslados desde diversos sectores del país, como San Carlos, Puntarenas, Puerto Jiménez y el Caribe.
Según las publicaciones, son hoteleros y empresarios quienes estarían financiando la movilización.
CR Hoy pudo conversar con algunos de los encargados de este movimiento, cuyas identidades quedaron reservadas. Una coordinadora de Puntarenas aseguró que tiene 5 buses llenos con personas que vienen de comunidades como El Roble, Chacarita, el centro porteño y las islas del Golfo de Nicoya.
En uno de los audios, incluso se plantea que una asociación de desarrollo de Puerto Jiménez pagó hasta 800 mil colones por los buses para llevar las personas. Un vecino se quejó precisamente de este caso y planteó que mejor invirtieran esa plata en arreglar caminos.
En una conversación encubierta, detalló que saldrán varias unidades desde el atracadero del ferry, y hasta ofreció desayuno y almuerzo gratis.
La información hay que enviarla a San José, como es un asunto de transporte que es largo. Se estaba solicitando el nombre, con la cédula y el número de teléfono de las personas que van. La salida es a las 6 de la mañana y el regreso es en punto a las 3.
Nosotros aquí nos organizamos en Puntarenas y se les va a dar el desayuno y almuerzo gratis. No se compra el pasaje porque los buses son donados.
(…) nada hay que pagar. Solo acto de presencia es lo que se requiere.
Otro encargado de la zona de Florencia de San Carlos, en Alajuela, ratificó la veracidad de las publicaciones en redes sociales y detalló que se organizan por regiones, y que la movilización es pagada por “empresarios de la zona”.
(Esa publicación) era para nosotros organizarnos en la zona de San Carlos. Tendría que buscarse en redes sociales quién está en otra zona.
Lo que se hace para cancelar los buses es que hemos recibido algunas ayudas de comercios, donaciones y todo. En San Carlos ya trabajamos en recoger la plata.
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Comunicaciones que circulan vía WhatsApp ratifican los ofrecimientos de pago a cambio de asistir o de reclutar que otras personas vayan a la posible manifestación contra el Poder Judicial. Así lo señalan algunos audios.
“Unos hoteles están patrocinando la ida para la manifestación esa que echen al fiscal, están patrocinando buses de 50, nada más de moverse y buscar gente. Nada más de moverse y ver qué pitos toca, como la gente va de gratis van a hacer falta buses más bien”, señalan en uno.
“Es un bus de 50 personas, saliendo de la iglesia de Puerto Jiménez, rumbo a San José para la marcha de manifestación de renuncia”, afirma una mujer en otro.
“En Pérez Zeledón me hablaron que hay unos hoteles que van a pagar el transporte” indicó un tercero.
Múltiples imágenes que circulan en páginas y grupos de redes sociales, también ofrecen la alimentación y transporte gratis, dan los horarios de salida y retorno, e incluso usan fotografías del fiscal general, Carlo Díaz.
Rodrigo Chaves insistentemente dedica gran parte de sus programas semanales a atacar al jefe del Ministerio Público y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tiene al menos 4 semanas de estar dando eco a esta manifestación. Ahora anunció que probablemente se unirá.
“No les voy a decir si tienen que venir a San José o no, pero si piensa lo mismo que pienso yo del fiscal, con suerte me aparezco yo también, lo voy a pensar. El pueblo se los está haciendo todos los días en redes sociales y a gritos, y ahora van a ir a la calle.
No sé cuánta gente va a ir, doña Pilar Cisneros iba a ir. Yo lo estoy pensando, yo soy ciudadano y ahí el Tribunal Supremo de Elecciones no me puede decir que estoy cometiendo beligerancia política, que están que se queman de ganas.
Vayamos en paz, los que vayamos a ir. Ya mandaron a cerrar el paso ahí con bloqueos y bardas”, señaló Chaves.
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En alerta
Ante esta convocatoria, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial (Sitrajud) le solicitó a la Corte Suprema de Justicia, tomar medidas de seguridad para los funcionarios.
Mediante un oficio enviado al presidente de la Corte, Orlando Aguirre, la agrupación sindical solicitó una serie de acciones como implementar el teletrabajo para los servidores del Ministerio Público, extremar los controles de ingreso y revisión de las personas que ingresan a Tribunales o despachos judiciales sin que tengan diligencias programadas, así como garantizar la seguridad de los edificios.
Seguidores del Gobierno han anunciado incluso posibles situaciones de violencia, razón por la cual solicitan medidas preventivas.
Sitrajud también mostró preocupación ante los recientes llamados públicos, realizados por el mandatario Rodrigo Chaves mediante sus programas televisivos, donde se convoca a una manifestación en el Ministerio Público con el propósito de “sacar al Fiscal General”.
“(…) Nos preocupa la creciente violencia verbal y simbólica de quienes se oponen a la gestión del Fiscal General, don Carlo Díaz Sánchez. Dicha violencia ha sido potenciada por los constantes discursos del señor Rodrigo Chaves Robles, lo que nos genera serias dudas sobre si en esta ocasión prevalecerán los principios democráticos y pacíficos.
Además, nos inquieta que el señor Presidente de la República, principal impulsor de esta manifestación y probable participante en la misma, funja simultáneamente como Jefe de la Fuerza Pública y pueda dar instrucciones que comprometan la seguridad del Ministerio Público y sus personas funcionarias”, señaló el sindicato en la carta enviada al magistrado.
En particular, temen que en esta ocasión se omitan los habituales cercos y cordones de seguridad con oficiales de la Fuerza Pública, lo que podría vulnerar la seguridad de los trabajadores del Ministerio Público.
Source
José Adelio Murillo
