OCDE plantea mayor supervisión financiera, tras intervención de Coopeservidores y Desyfin

Imagen con fines ilustrativos. (CRH).
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) considera que Costa Rica debe fomentar una mayor supervisión de las entidades financieras tras la intervención y posterior resolución de Coopeservidores R.L. y Desyfin S.A.
Según el estudio económico del país para 2025, el sistema financiero costarricense ha sido estable y resiliente a choques recientes.
Por ejemplo, destaca que mantiene niveles de capitalización en línea con los de otros países de la OCDE, niveles de liquidez por encima de los requerimientos regulatorios y una cartera crediticia vencida contenida.
Además, de acuerdo con las últimas pruebas de estrés de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), el sistema financiero, incluidos los bancos privados estatales y las cooperativas de crédito participantes, sería resiliente ante eventos económicos adversos.
Medidas recientes, como la publicación de los resultados de las pruebas de resistencia banco por banco en enero de 2024 -una recomendación de la OCDE de larga data- han mejorado la supervisión financiera. Sin embargo, la intervención de dos pequeñas instituciones financieras en mayo de 2024 y agosto de 2024, debido a la mala gestión y la contabilidad incorrecta de los préstamos morosos, indica que es necesario fomentar aún más la supervisión financiera.
La OCDE señala que una mayor supervisión del sistema financiero debe incluir la evaluación del impacto de las reformas regulatorias emprendidas en los últimos años y reforzar las prácticas de valoración de activos.
Asimismo, resalta la importancia de fortalecer la gobernanza y hacer cumplir los criterios existentes para garantizar que los miembros de las juntas directivas de las instituciones financieras, incluidas las cooperativas, cuenten con las calificaciones y la experiencia necesarias.

Reformas
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En su informe, la OCDE destaca el proyecto de ley presentado a la Asamblea Legislativa en mayo de 2024 para mejorar los procesos de resolución de las entidades financieras supervisadas.
Esta iniciativa, que se tramita bajo el expediente legislativo 24.256, propone reformas a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Ley de Creación del Fondo de Garantía de Depósitos y de Mecanismos de Resolución de los Intermediarios Financieros, Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos.
En términos generales, los cambios propuestos buscan acelerar los procesos de resolución y permitir una intervención temprana, así como modificar la gestión de las entidades financieras con problemas.
Además, plantea la eliminación gradual de la garantía estatal que cubre a los bancos públicos.
“La ​​implementación de las medidas previstas en el proyecto de ley reforzaría la estabilidad financiera. También hay planes en marcha para mejorar las regulaciones de ciberseguridad y someter al sector financiero a pruebas de estrés ante los riesgos del cambio climático”, sostiene la OCDE.

Distorsiones
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La OCDE insiste en eliminar las distorsiones que afectan al sistema financiero.
“La estabilidad financiera también podría reforzarse corrigiendo varias distorsiones que afectan tanto a los bancos estatales como a los privados y también a las compañías de seguros estatales y privadas. Estas distorsionesfragmentan los mercados financieros, obstaculizan la competencia y dificultan la transmisión de la política monetaria”, señala el informe.
Según el documento, estas distorsiones también reducen la capacidad de los bancos para otorgar préstamos, innovar e invertir en tecnología.
Entre los factores que clave que generan distorsiones se encuentra el denominado “peaje bancario”, por el cual los bancos privados deben realizar transferencias a un fondo administrado por los bancos estatales. Estas transferencias corresponden al 17 % de sus depósitos a 30 días o menos y se remuneran a una tasa de interés que es la mitad de la tasa básica de depósito establecida por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).
Por el contrario, los bancos estatales están sujetos a una serie de contribuciones a varias entidades públicas, como el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (10%), la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (5%), la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (3%) y el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (15%).
La corrección de estas distorsiones facilitaría a los bancos aumentar su eficiencia y adaptarse mejor al cambiante panorama financiero mundial, además de mejorar la transmisión de los cambios en la política monetaria.
También tendría un impacto positivo en la economía en general, facilitando el acceso de las empresas y los hogares a los servicios financieros a menores costos.
La OCDE recomienda que las instituciones que actualmente se financian en parte con estas contribuciones pasen a depender en su totalidad del presupuesto nacional.

Source
Alexánder Ramírez

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