{{slide.text | html}}
{{slide.text | html}}
{{slide.text | html}}
La banda narco conocida como “Los Gary/Gery”, que opera en La Unión, Curridabat y sectores del este, solicitó la separación de los tres jueces designados para tramitar un caso en su contra, luego de que el Tribunal rechazó que los sujetos llegaran a un acuerdo con el Ministerio Público para aceptar los cargos y obtener una condena de cárcel reducida.
Durante una audiencia la tarde de este viernes, los abogados defensores presentaron una recusación en contra de los 3 jueces que conforman el Tribunal Penal de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO) que está a cargo del juicio, que formalmente sigue sin comenzar.
Una recusación es la herramienta legal que tienen los implicados durante un proceso penal, cuando consideran que existen razones que le impiden a un juez tramitar una diligencia o intervenir en un proceso.
La razón para pedir la separación, es que los sospechosos dudan de la imparcialidad de los miembros del Tribunal porque estos rechazaron la posibilidad de que los miembros de la banda se sometieran a un procedimiento especial abreviado, para evitar el juicio de 6 meses.
Este proceso consiste en que los acusados aceptan los hechos por los cuales fueron llevados a juicio, a cambio de una sentencia de cárcel más baja y así, evitarse el debate oral y público de un enjuiciamiento.
Como los jueces consideraron que ya no era tiempo de abreviar y rechazaron un recurso de revocatoria contra su decisión, entonces los abogados presentaron la petición de recusación. Inclusive, dos de los sospechosos tomaron la palabra hoy viernes y hablaron sobre las dudas que les generan los jueces.
“Nuestros representados tienen serias dudas sobre la imparcialidad de los jueces, inclusive dos de ellos lo dieron a viva voz. Por esa razón la batería completa de defensores tomamos la decisión de recusar al Tribunal completo“, explicó Luis Cubillo, uno de los juristas.
El abogado explicó que ellos no pudieron abreviar durante la audiencia preliminar para evitar el juicio antes de su inicio, debido a varias razones. Una de ellas es que la propuesta del Ministerio Público era evitar el juicio a cambio de aceptar la culpabilidad por penas muy altas, algo que no llamó la atención de los imputados. Pero luego las circunstancias cambiaron.
Otro de los motivos más fundamentales por los cuales, para los defensores no se pudo negociar o acordar antes el evitar el juicio, es que durante la audiencia preliminar se ofreció como prueba un informe que estaba pendiente, sobre la apertura de los celulares que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) decomisó a los miembros de la agrupación.
Como ellos no tenían todos los elementos, entonces no tenían la certeza de aceptar un acuerdo para evitar el juicio, o no. Por la ausencia del informe policial sobre el contenido de los teléfonos móviles, los abogados también presentaron una actividad procesal defectuosa que quedó pendiente de resolver.
Dado que los imputados y sus defensores pidieron la separación de Tribunal completo, la audiencia de hoy viernes se debió suspender y se retomará el próximo martes. Ese día, otro grupo de jueces deberá analizar la solicitud y decidir si hay o no razón para hacer a un lado a los juzgadores.
Tanto la intención de abreviar como el posible arranque formal del juicio, con la lectura de los hechos que el Ministerio Público reprocha a los sospechosos, quedarán congelados mientras esto se resuelve.
Cabe señalar, que para los jueces ya no es oportuno abrir la puerta a un procedimiento especial abreviado, porque consideran que el periodo que establece la ley ya pasó.
Los defensores de la agrupación criminal no comparten esta tesis y, por el contrario, consideran que al no haberse leído la acusación de la Fiscalía, entonces el juicio no ha iniciado formalmente y aún tienen tiempo de abreviar. Por eso refutan la posición de los jueces.
Al menos 25 sujetos dispuestos a negociar una pena reducida. Entre ellos, Gary Campos Barrantes, uno de los cabecillas de la agrupación acusada de narcotráfico, venta de estupefacientes y delitos contra la vida.
A él se suman unas 2 decenas de sospechosos, de apellidos Jiménez Bastos, Córdoba Fallas, Mora Agüero, Fallas Ramírez, Mora Ramírez, Delgado Gamboa, Segura Mejías, Solano Miranda, Cubillo Cordero, Rojas Madrigal, Pérez Cordero, Vargas Cascante, Gómez Flores, Conejo Bonilla, Alvarado Flores, Morales Navarro, Morales Ramírez, Pérez, Sandoval Rodríguez, Loría Solís y Rodríguez Quesada.
CR Hoy conoció mediante fuentes judiciales, que la condena negociada contra los miembros de la banda “Los Gary/Gery”, rondaría entre los 6 y 8 años de cárcel por hechos de narcotráfico, previa autorización de los altos mandos del Ministerio Público y un aval de los jueces. Este embrollo no ha permitido el comienzo formal del juicio.
{{slide.text | html}}
{{slide.text | html}}
{{slide.text | html}}
Son en total 31 sospechosos que afrontan este proceso. A la agrupación se le acusan de varios delitos, entre homicidios calificados y venta, almacenamiento y transporte de droga, según el Ministerio Público.
La investigación, llevada a cabo por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y a cargo Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada (FAEDO), se remonta al 2018.
Supuestamente, los imputados conformaron una organización criminal se dedicó a adquirir, poseer, traficar, distribuir, preparar, dosificación y comercializar drogas de uso no autorizado a nivel nacional, pero se movían principalmente en puntos de la provincia de Cartago, en el cantón de La Unión, San Pedro de Montes de Oca y hasta en Quepos.
Dentro de la investigación se logró identificar que la corporación criminal tenía jerarquías de mando y distribución de funciones que fueron identificadas por las autoridades.
El cabecilla, un sujeto de apellido Campos que se encontraba privado de libertad en el Centro Penal La Reforma, designó a su hermano como sublíder de la organización criminal, quien a su vez delegaba la ejecución de actos a otros miembros.
La banda mantenía un modelo operativo con una división de zonas de trabajo con un encargado, con un equipo de colaboradores, quienes facilitaban la venta del producto ilegal, para generar ganancias.
Agentes judiciales y la Fiscalía lograron detectar los delitos que cometía la banda gracias a investigaciones, vigilancias y seguimientos, que llevaron a una serie de operativos en la zona, donde lograron las detenciones y el decomiso de evidencia.
Aparentemente, los sospechosos tenían en su poder armas de fuego propiedad de la organización criminal, las cuales eran utilizadas para protección de los puntos de venta y para la ejecución de asesinatos.
Únicamente 9 de los imputados están bajo prisión preventiva, mientras que los demás permanecen en libertad.
Source
José Adelio Murillo
