La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó este miércoles una audiencia para conocer la situación de los derechos humanos en Costa Rica, en la cual las organizaciones que solicitaron la reunión expusieron los ataques que ha realizado el Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial y la prensa, así como un debilitamiento generalizado en algunos derechos contra diversas poblaciones.
Durante el encuentro virtual, que duró una hora y 30 minutos, se abordaron diversos temas que atentan contra los derechos de los costarricenses. La Comisión consideró que estas situaciones reflejan tendencias observadas en otros países con gobiernos autoritarios y advirtió que Costa Rica podría estar encaminándose en esa dirección.
Virginia Murillo, presidenta de la agrupación Defensa de Niñas y Niños Internacional – DNI Costa Rica, explicó los ataques que ha recibido la prensa que no es adepta al gobierno.
El presidente Chaves mantiene una relación confrontativa con la prensa, caracterizada por discursos estigmatizantes y burlescos, utilizando calificativos como ‘canalla’, ‘mentirosos’ y ‘sicarios’. La Sala Constitucional condenó al presidente por vulnerar la libertad de prensa y de expresión, señalando que estos ataques generan un ambiente hostil para el ejercicio del periodismo, lo cual es incompatible con un sistema democrático.
Además, Murillo enfatizó en la estrategia del Poder Ejecutivo para desprestigiar al Poder Judicial en su actuación en materia de seguridad nacional.
Preocupa que el Poder Ejecutivo impulse una campaña para deslegitimar a los operadores de justicia, así como a la Fiscalía General, en reacción a recientes investigaciones que presuntamente involucran a funcionarios públicos. Esto impacta la confianza en el sistema de justicia.
Esta comisión conoce las graves consecuencias que esta estrategia de concentración de poderes y el desgaste de la independencia judicial han tenido en la institucionalidad democrática en otros países de la región, como Guatemala, El Salvador y Nicaragua.
Otro de los temas abordados por las organizaciones fue el tratamiento del Gobierno ante los recientes casos de femicidios, que han generado gran preocupación en la población sin que se implementen medidas efectivas para erradicarlos.
Las organizaciones que solicitaron la audiencia fueron la Alianza de Mujeres Costarricenses, la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASDEDH), el Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos (CIPAC), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Cooperativa Sulá Batsú, Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI), el Grupo de Trabajo de Agenda CEDAW, IRCA Casa Abierta, la Mesa Nacional Indígena de Costa Rica (MNICR), MULABI, Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (MUSADE) y la Red de Mujeres para la Incidencia Social y el Desarrollo (REMISOD).
En la parte final de la audiencia, las organizaciones pidieron la CIDH que inste al gobierno a evitar discursos de odio contra estos sectores, respetando los principios democráticos y la libertad de expresión.
Asimismo, recomendaron la creación de mecanismos para proteger a los comunicadores ante amenazas y solicitaron al Gobierno que no tome represalias contra los miembros de las agrupaciones que participaron en la reunión con la CIDH.
Por último, instaron a la Comisión a monitorear la situación de los derechos humanos en Costa Rica y a pronunciarse cuando sea necesario.
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Johan Rojas
