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La Defensoría de los Habitantes solicitó mayor claridad en los controles de la concesión en Puerto Caldera, Puntarenas.
La institución efectuó un análisis sobre las disconformidades expresadas por los usuarios respecto a los servicios que se brindan actualmente en el muelle del Pacífico Central.
De acuerdo con el órgano defensor, la Contraloría General de la República (CGR) emitió un informe en 2021 en el que se evidenció la falta de controles sobre los montos invertidos en el mantenimiento de la infraestructura y los equipos administrados por la concesionaria.
La Defensoría sostuvo que esas deficiencias han generado un impacto directo en la calidad del servicio brindado por la empresa y que tendrán repercusiones de cara a la finalización del contrato en 2026, así como en las obligaciones contractuales al momento de la entrega de los bienes y equipos por parte del concesionario.
“En el marco de las diferencias de criterio entre el INCOP y la Contraloría General de la República respecto a los montos de mantenimiento al finalizar la concesión, el INCOP suscribió en solitario un Acuerdo Conciliatorio, en el cual se demostró que el MOPT nunca estuvo al tanto, a pesar de que dicha competencia corresponde a la Administración Concedente y no exclusivamente al INCOP, dado su impacto en la recepción final de los bienes y equipos que actualmente administra”, indicó la Defensoría.
Durante la investigación, la Defensoría determinó que existen conflictos con las competencias de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) en materia de tarifas, las cuales “nunca fueron analizadas”.
En relación con el periodo de investigación y el actual contrato de concesión, la Defensoría advirtió sobre la necesidad de profundizar en la diferenciación entre las funciones del INCOP y las de la Administración Concedente.
Según la Defensoría, esta advertencia adquirió mayor relevancia en el marco del proceso de licitación, con el fin de evitar inconvenientes futuros.
“La Defensoría hizo ver al MOPT que debe existir normativa que establezca los criterios de competencia, como sucede con el caso de la Terminal de Puertos de APM, en lo que la propia Contraloría General ha denominado “Administración Concedente Compleja”.
“(Esa) posición que fue rechazada por parte del entonces jerarca del MOPT (Mauricio Batalla) al reiterar “las actuaciones son atinentes y corresponden exclusivamente al INCOP”, indicó la Defensoría a través de un comunicado.
Source
Greivin Granados
