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La Auditoría Interna del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) identificó problemas en el análisis de estudio de impacto vial durante las obras de construcción en el puente sobre el río Barranca en la ruta nacional 23, la cual fue recién puesta en operación de servicio.
El detalle se encuentra contemplado en la advertencia sobre consideraciones del impacto vial durante la ejecución de proyectos, elaborado por el órgano auditor el 10 de enero de 2025, es decir, 3 semanas antes de que el Gobierno reanudara el tránsito por la zona.
De acuerdo con el documento disponible en la página web del Conavi, el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) aprobado para el proyecto contempló la ejecución de trabajos en uno de los 2 carriles del puente, con un paso vehicular alterno en el otro carril.
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Según el informe, “al implementarse durante toda una semana, provocó tiempos de espera de los usuarios de alrededor de 1 hora para poder cruzar el puente sobre el Río Barranca, ocasionando pérdida de productividad y altos gastos de operación y mantenimiento”.
También recalcó que los cierres implementados “generaron molestia en los usuarios y serios problemas en una Ruta Nacional que tiene un volumen de tránsito promedio importante“, por lo cual se debió emitir una orden de modificación para mitigar el impacto vial.
De acuerdo con la recopilación de datos efectuada por el auditor Reynaldo Vargas, dicha orden de modificación se tramitó ante la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes de Conavi, lo cual permitió “métodos alternativos”.
“No previeron el colapso de la Ruta Nacional 23 como consecuencia de la ejecución de obras, lo cual se podría determinar a partir de un estudio de impacto vial, adaptado a la estimación de la variación en los niveles de servicio como efecto de las actividades.
“En el Conavi se identifica ausencia de normativa aplicable al análisis del impacto vial que se genera durante la ejecución de las obras y, la definición de rangos de tolerancia para los cambios en las demoras vehiculares; al no encontrarse evidencia de este tipo de estudios en los procesos de planificación, diseño, contratación o construcción”, sostiene el documento.
También se señala que la Dirección General de Ingeniería de Tránsito (DGIT) es la encargada de realizar las valoraciones correspondientes resultan de la aprobación del Plan de Manejo de Tránsito y el permiso de cierre de vía.
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Sobrecosto y desactualización
La Auditoría de Conavi reiteró el sobrecosto generado en el proyecto vial en Barranca, así como una desactualización de documentos referentes a la fase de preinversión del proyecto.
El proyecto vial se licitó en el gobierno de Carlos Alvarado Quesada a un costo por ₡2.870.041.740; mientras que en esta administración, aumentó la obra en casi un 50% en el monto original del contrato y pasó a costar ₡4.304.775.605.
“Otro aspecto limitante en la gestión institucional del proyecto fue la desactualización de documentos correspondiente a la fase de preinversión de previo al inicio de la etapa de ejecución, primeramente, porque no se contó con la actualización del perfil del proyecto previo a la emisión de la orden de inicio del proyecto en enero 2022.
“Por lo cual, el proyecto se suspendió principalmente por la falta de información y permisos técnicos por tramitar, con el objeto de poder realizar actividades que dieron origen a las órdenes de modificación“, enfatizó el equipo auditor.
En cuanto a la valoración de riesgos, la Auditoría cita que “no se identificó la necesidad de estudios de suelos, información topográfica, estudios hidrológicos, hidráulicos, entre otros; o se dispone de los estudios de estos, pero no cumplen con las necesidades del proyecto, o su alcance es limitado”.
La Auditoría le dio un lapso de 10 días al Consejo de Administración del Conavi para que se refirieran a estos mismos alcances.
Source
Greivin Granados
