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La noche de este jueves 39 diputados aprobaron, en su trámite de primer debate, un proyecto de ley que reforma el Código Penal para imponer penas de cárcel a quienes amenacen a funcionarios públicos.
La propuesta de ley propone que se imponga prisión de un mes a dos años a quien amenace a un funcionario público a causa de sus funciones, dirigiéndose a él, personal o públicamente, o mediante comunicación escrita, telegráfica o telefónica o por la vía jerárquica.
Añade que, si la amenaza se realiza empleando arma de fuego la pena será de dos años a tres años de prisión, siempre que la conducta en concreto no se ajuste a un tipo penal de mayor gravedad.
Otras reformas
En este mismo proyecto se contemplan otras penas por amenazas a ciudadanos, independientemente de que sean o no funcionarios públicos, entre ellas:
De cuatro meses a un año el que agrediere a otro con cualquier arma u objeto contundente, aunque no causare herida.
De seis meses a dos años a quien hiciere uso de amenazas injustas y graves para alarmar o amenazar a una persona.
Si las amenazas fueren cometidas empleando arma de fuego, por dos o más personas reunidas, o si las amenazas fueren anónimas o simbólicas la pena de prisión será de un año a tres años.
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Carlos Mora
