Juez frena ultimátum para renuncia de empleados en EE. UU.

Un juez federal paralizó este jueves el ultimátum dado a más de dos millones de funcionarios estadounidenses para que decidan si dimiten con ocho meses de sueldo como indemnización, según un plan del millonario Elon Musk para reducir la administración pública.

Les dieron nueve días para elegir entre firmar o no la propuesta de “dimisión en diferido” hasta el 30 de septiembre, con la promesa de que mantendrían sus sueldos y todos sus beneficios hasta ese día.

Una flecha más en la ofensiva masiva del presidente republicano Donald Trump para recortar el gasto público.

Pero un juez federal de Massachusetts suspendió este jueves por la tarde el plazo que expiraba a medianoche y fijó una nueva audiencia para el lunes, según el diario local Washington Post.

La acción legal fue emprendida el martes por el principal sindicato de funcionarios, AFGE, y otras organizaciones para conseguir que se suspendiera el plan y que el gobierno aplique “medidas que se ajustan a la ley en lugar de un ultimátum arbitrario, ilegal y demasiado breve”.

Según un modelo de acuerdo enviado a los funcionarios que la AFP pudo consultar, se les ofrece “conservar su salario y todas sus prestaciones (…) hasta el 30 de septiembre”.

Sin embargo, se les exige, entre otras cosas, que renuncien a cualquier acción judicial posterior.

“Los empleados federales no deben dejarse engañar por la palabrería de multimillonarios no electos y sus lacayos”, advirtió Everett Kelley, presidente de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno (AFGE), en un ataque a Musk, a cargo de un Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) que se propone meter tijera a las agencias federales.

Sin garantías

“A pesar de las afirmaciones en sentido contrario, este plan de dimisión diferida carece de financiación, es ilegal y no ofrece garantías. No nos quedaremos de brazos cruzados y dejaremos que nuestros miembros se conviertan en víctimas de esta estafa”, añadió.

Por el momento, “más de 40.000” funcionarios federales han aceptado la oferta, según la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Esto representa alrededor del 2% de la plantilla. “Esperamos que ese número aumente. Animamos a los empleados federales de esta ciudad a que acepten esta oferta tan generosa”, declaró a periodistas el jueves.

La iniciativa de Musk, el hombre más rico del mundo y uno de los principales donantes de la campaña electoral de Trump, ha consternado a los funcionarios, que se enfrentan a diario a los ataques verbales del equipo del republicano desde que este regresó a la Casa Blanca el pasado 20 de enero.

Con su oferta, Musk ha sacudido, como un terremoto, las agencias que durante décadas han gestionado la principal economía mundial, desde la educación hasta la inteligencia nacional.

Usaid, la agencia gubernamental para la distribución de ayuda en todo el mundo, ha quedado paralizada. Se ordenó al personal quedarse en casa. La Casa Blanca y la prensa de derecha la acusan de despilfarro.

Según varios medios estadounidenses, sus puestos de trabajo quedarían reducidos casi a la nada, de más de 10.000 a menos de 300.

Terremoto administrativo

Trump también quiere cerrar el Departamento de Educación y colaboradores de Musk han generado un gran revuelo al intentar acceder a un sistema de pagos del Departamento del Tesoro fuertemente custodiado.

Los incentivos para dimitir se han extendido incluso a la CIA.

La onda expansiva del terremoto administrativo parece imparable: un funcionario de la agencia que gestiona las propiedades del gobierno defendió que la cartera inmobiliaria, exceptuando los edificios del Departamento de Defensa, se reduzca en “al menos un 50%”.

Los empleados que consideren la oferta se exponen a la incertidumbre, entre otras cosas porque se ignora si Trump tiene el derecho legal de hacer la propuesta y si cumplirá las condiciones.

Musk dice que las dimisiones son una oportunidad para “tomar vacaciones” o “simplemente ver películas” y relajarse.

Pero los sindicatos advierten que sin la firma del Congreso sobre el uso del dinero presupuestado federalmente, los acuerdos pueden carecer de validez.

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