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El mandatario Rodrigo Chaves Robles habría incurrido en al menos 3 delitos electorales durante la contienda que lo llevó al poder y se podría exponer a varias penalizaciones de hasta 6 años de cárcel cada una, por infringir las normas del Código Electoral respecto al financiamiento de campañas.
Así lo revela el informe final de investigación IDI-DFPP-007-2024 realizado por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en manos de crhoy.com.
El informe recopila una extensa indagación hecha por las autoridades del TSE, que incluye revisiones de cuentas gracias al levantamiento del secreto bancario y tributario, así como un análisis jurídico de las posibles implicaciones penales en caso de que el proceso avance en sede judicial, y se llegue a acusar.
El documento comprueba la existencia de un fideicomiso, el cual fue constituido el 25 de febrero de 2021 por la agrupación “Costa Rica Próspera” y que nació con el objetivo de potenciar las aspiraciones políticas de Rodrigo Alberto de Jesús Chaves Robles.
La investigación apunta que, aunque no tuviera ese objetivo, finalmente sí sirvió como estructura paralela de financiamiento en beneficio del partido Progreso Social Democrático (PPSD), durante la contienda de las elecciones nacionales de 2022.
Incluso, de previo a la ratificación de la candidatura presidencial del hoy mandatario, la cual ocurrió el 4 de julio de 2021, durante la investigación se identificaron gastos puntuales que tenían por objetivo favorecer el accionar político de la agrupación conformada.
El informe también revela que entre el 2 de setiembre de 2021 y el 28 de febrero de 2022, operó una segunda estructura paralela de financiamiento a favor de Progreso Social Democrático y en particular, de las candidaturas a la presidencia de la República de Chaves, así como la aspiración de Waldo Agüero Sanabria para ocupar una curul en la Asamblea Legislativa.
En esa segunda estructura participaron al menos, el banquero Jack Loeb Casanova y Sofía Agüero Salazar, hija del hoy congresista. En total, a través de este esquema se gestionaron más de ₡12 millones y $208.844, en gastos de naturaleza político-electoral.
Estos movimientos que no fueron revelados, ni íntegra ni fehacientemente por el partido oficialista, en sus informes financieros-contables intermedios, ni anuales, detalla el informe.
Los hechos atribuidos a los implicados no solo serían faltas administrativas, sino delitos de tipo penal que son castigados por el Código Electoral con penas de cárcel, según cada acción ilícita.
Además del mandatario, otros 14 investigados habrían incurrido en hasta 12 delitos en total. A continuación se detalla las penalizaciones máximas a las que se exponen los investigados, según los hechos que les atribuye la investigación.
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Mandatario Rodrigo Chaves: 3 eventuales delitos
De acuerdo con el informe, en su condición de co-constituyente del fideicomiso del grupo Costa Rica Próspera y al invitar a recibir depósitos en las cuentas de ATA Trust Company S.A., siendo ya candidato electo por el Partido, el ahora mandatario habría cometido delitos sobre el financiamiento de partidos que están castigados con 2 a 4 años de prisión, según el artículo 273 del Código Electoral.
El informe va más allá y señala al hoy gobernante, de recibir a través del fideicomiso co-constituido por él, donaciones, contribuciones o aportes valiéndose justamente de una estructura paralela y evadiendo los controles del partido político, en su condición de aspirante presidencial.
Chaves Robles podría sumar de 2 a 6 años extra de cárcel, dado que esa es la pena impuesta a los miembros del comité ejecutivo superior del partido, candidatos, precandidatos oficializados, responsables de las campañas electorales o cualquier otro personero partidario que reciba contribuciones, donaciones o cualquier otro tipo de aporte valiéndose de una estructura paralela sin control. Así lo estipula el artículo 275 del Código Electoral en su inciso B.
Si el entonces candidato conoció de antemano la existencia del segundo esquema de financiamiento paralelo orquestado por el empresario Jack Loeb y Sofía Agüero, la hija del diputado Waldo Agüero, y aun así aceptó beneficiarse de él, entonces Rodrigo Chaves podría afrontar una acusación por otros 2 a 6 años de prisión, según lo estipula el artículo 275 del Código Electoral.
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Canciller Arnoldo André Tinoco: 2 eventuales delitos
El canciller y ministro de Relaciones Exteriores actual, Arnoldo André Tinoco, también figura como sospechoso, al habérsele atribuido el rol de administrador real del fideicomiso Costa Rica Próspera.
Esto habría generado que incurriera en delitos sobre el financiamiento de partidos que están castigados con 2 a 4 años de prisión, según lo establece el artículo 273 del Código Electoral.
El actual jerarca también realizó a título personal donaciones al fideicomiso pero además a nombre de las empresas Galería Tres Mil S.A. y Península Group S.A., entre el 11 de marzo y el 8 de agosto de 2021, por $5.500.
Estas al parecer, fueron al margen de la ley, incurriendo en el aparente delito de contribución privada, penalizado con otros 2 a 4 años de cárcel, según lo establece el artículo 274 del Código Electoral.
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Vicepresidente Stephan Brunner: 1 eventual delito
En el caso de Stephan Brunner Neibig, vicepresidente de la República y extesorero durante la contienda electoral, el informe señala que él conocía sobre la existencia de activos del PPSD que fueron adquiridos de forma anómala por el fideicomiso del grupo CRP.
Sin embargo, Brunner no lo denunció oportunamente a las autoridades competentes. Este actuar es castigado por la ley, con sanciones de 2 a 6 años de aprisionamiento.
Los miembros del comité ejecutivo superior de un partido, que tengan conocimiento de contribuciones, donaciones o aportes irregulares en dinero o en especie, y no lo denuncien, se exponen a los castigos impuestos por el artículo 275 del Código Electoral, inciso A.
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Diputada Luz Mary Alpízar: 1 eventual delito
La legisladora, fundadora y presidenta del Partido Progreso Social Democrático, Luz Mary Alpízar Loaiza, no estaría eximida de culpas y también habría incurrido en delitos relativos a contribuciones privadas ilegales, según lo indica la investigación.
La congresista estaría expuesta a una pena de 2 a 6 años de cárcel, por haber recibido en condición de presidenta de la agrupación, múltiples donaciones en especie, conociendo que estas no habían sido sufragadas por personas físicas de nacionalidad costarricense y así haciéndolo creer al Tribunal Supremo de Elecciones.
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Banquero Jack Loeb Casanova: 3 eventuales delitos
Jack Frederick Loeb Casanova, fue uno de los principales contribuyentes a la postulación de Rodrigo Chaves Robles.
En su condición de co-constituyente del fideicomiso Costa Rica Próspera, el banquero y financista del mandatario habría incurrido en acciones sobre el financiamiento de partidos que están castigados con 2 a 4 años de prisión, según lo establece el artículo 273 del Código Electoral.
Según consta en el expediente, Loeb realizó donaciones al fideicomiso ilícito del grupo CRP por $106.750, registradas entre el 26 de febrero y 14 de setiembre de 2021. El empresario se podría exponer a otra pena más de 2 a 4 años de cárcel.
Estas al parecer, fueron al margen de la ley, incurriendo en el aparente delito de contribución privada, castigado por el artículo 274 del Código Electoral.
Adicionalmente, a Jack Loeb se le achaca realizar más donaciones en beneficio del Partido y las candidaturas tanto de Rodrigo Chaves, como del ahora diputado Waldo Agüero Sanabria, entre el 2 de setiembre de 2021 y el 28 de febrero de 2022.
Los recursos no fueron canalizados por las vías legales autorizadas, pese a que rondaron la suma de $208.844, un monto superior a los ₡105 millones al tipo de cambio actual.
Esto aparentemente fue una infracción al Código Electoral, que castiga con pena de prisión de 2 a 4 años a quien contribuya, done o entregue cualquier otro tipo de aporte en dinero o en especie, a favor de un partido por medio de terceras personas, grupos u organizaciones paralelas, usando mecanismos de gestión o recaudación que no estén previamente autorizados por el comité ejecutivo superior de la agrupación política.
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Diputado oficialista Waldo Agüero: 1 eventual delito
El informe también señala que Julio Ubaldo Agüero Sanabria, el diputado de la fracción oficialista que es más conocido como Waldo, pudo haber cometido un ilícito relativo a contribuciones privadas ilegales, que se condena con penas de 2 hasta 6 años de encarcelamiento.
El informe señala que para imputarlo, se debe evidenciar que Agüero conoció de antemano la existencia del esquema anómalo de financiamiento orquestado por Jack Loeb, para sufragar gastos de su candidatura y aun sabiéndolo, aceptó beneficiarse de él.
La penalización por estos hechos está fijada entre 2 y 6 años de cárcel, en caso de que sea declarado culpable. Así lo dicta el artículo 275 del Código Electoral.
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Hija del diputado Waldo Agüero: 1 eventual delito
Sofía Agüero Salazar, hija del diputado Waldo Agüero Sanabria, al parecer tuvo un rol protagonista en ese segundo esquema de financiamiento al margen de la ley, y en apariencia habría cometido posibles delitos electorales castigados con 2 a 4 años de cárcel.
La investigación señala que ella recibió en sus cuentas personales donaciones político-electorales y gestionó gastos de campaña, sin autorización de la tesorería del PPSD, aunque el Código Electoral prohíbe recaudar fondos sin autorización del tesorero del partido político.
La acción está tipificada en el artículo 273 de dicha normativa.
Otras figuras investigadas
En el expediente IDI-DFPP-007-2024, también figuran personas que tuvieron algún tipo de rol de administradores, donantes u otro, en el fideicomiso Costa Rica Próspera, utilizado como una estructura de financiamiento ilegal, según los parámetros que dicta la ley.
A continuación el detalle de sus acciones aparentemente ilícitas, y las sanciones a las cuales se exponen.
Bernal Jiménez Chavarría
Bernal Jiménez.
El empresario arrocero Bernal Jiménez Chavarría, realizó al menos una donación al fideicomiso anómalo, según consta en los movimientos documentados. La transacción está registrada el 24 de marzo de 2021, por ₡300.000.
Dado que inyectó fondos a esta estructura paralela de financiamiento, que presuntamente fungió al margen de la ley, se expone de 2 a 4 años de cárcel por los aparentes delitos de contribuciones privadas, sancionados en el el artículo 274 del Código Electoral.
Adrián Torrealba Navas
Adrián Torrealba Navas (CRH)
Adrián Torrealba Navas estro de los financistas de la campaña que llevó a Rodrigo Chaves al poder. El abogado también fue designado y ratificado por el actual gobierno durante un periodo no muy extenso, como directivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Según los estudios realizados por las autoridades electorales, Adrián Torrealba donó al título personal y de la empresa Facio & Cañas S.A., unos $15 mil entre el 17 de marzo y el 26 de mayo de 2021, al fideicomiso que presuntamente fungió al margen de la ley.
Por esta razón, se expone de 2 a 4 años de cárcel por los aparentes delitos de contribuciones privadas, sancionados en el el artículo 274 del Código Electoral.
Andrés Vásquez Landergreen
La amplia investigación llevada a cabo por el Departamento de Financiamiento de Partidos del TSE, apunta a que Andrés Vásquez Landergreen contaba con la condición de director de operaciones del fideicomiso que pertenecía al grupo Costa Rica Próspera.
Por sus acciones, el investigado habría incurrido en delitos sobre el financiamiento de partidos que están castigados con 2 a 4 años de prisión, según lo establece el artículo 273 del Código Electoral.
Alonso Vargas Araya
Tenía la condición de representante legal de la fiduciaria ATA Trust Company S.A., a cargo del fideicomiso Costa Rica Próspera y la cual estaba localizada en el bufete Lexincorp, ligado al canciller Arnoldo André. Dicha oficina fue allanada por la Fiscalía General en agosto del 2023.
El informe señala que Alonso Vargas Araya habría incurrido en delitos sobre el financiamiento de partidos que están castigados con 2 a 4 años de prisión.
El artículo 273 del Código Electoral establece dicha pena para quien recaude fondos para algún partido político sin haber sido autorizado por el tesorero del partido.
José Francisco Coto Quesada
José Francisco Coto Quesada, exjefe de campaña de Rodrigo Chaves.
Presuntamente, José Francisco Coto Quesada, exjefe de campaña, incurrió en un delito de contribuciones privadas, por sus donaciones de hasta $13 mil al fideicomiso investigado, entre el 25 de junio y 16 de setiembre de 2021.
Como estas al parecer fueron al margen de la ley, posiblemente incurrió en el aparente delito de contribución privada, penalizado con otros 2 a 4 años de cárcel, según lo establece el artículo 274 del Código Electoral.
Luis Diego Soto Clausen
De acuerdo con el expediente, Luis Diego Soto realizó donaciones por $13 mil al fideicomiso del grupo Costa Rica Próspera, entre el 25 de junio y 16 de setiembre de 2021.
Como estas al parecer fueron al margen de la ley, posiblemente incurrió en el delito de contribución privada, penalizado con otros 2 a 4 años de cárcel, según lo establece el artículo 274 del Código Electoral.
Damaris Robles Aguilar
Por sus donaciones al fideicomiso del grupo CRP, entre el 4 y 19 de mayo de 2021, por $10.000, Damaris Robles también habría incurrido en delitos de donaciones privadas ilegales, penalizado con 2 a 4 años de cárcel, según lo establece el artículo 274 del Código Electoral.
Helen Valerie Loeb Casanova
Helen Loeb Casanova, vinculada al banquero Jack Loeb Casanova, también realizó aportes económicos al fideicomiso Costa Rica Próspera que financió la campaña electoral al margen de la ley, aparentemente.
Fue al menos una donación registrada el 6 de agosto de 2021, por $1.500. Por eso ella también se expondría de 2 a 4 años de cárcel, según lo establece el artículo 274 del Código Electoral.
José Antonio Yock Fung
Por su donación de al menos ₡1 millón al fideicomiso indagado, la cual fue registrada el 30 de agosto de 2021, José Antonio Yock habría incurrido en un delito de contribuciones privadas, exponiéndose así al menos 2 años de cárcel, según lo estipula el Código Electoral.
La investigación también concluyó y recomendó la apertura del procedimiento administrativo ordinario en contra del partido Progreso Social Democrático, por las posibles omisiones e infracciones a sus obligaciones dispuestas en el Código Electoral.
Source
José Adelio Murillo
