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La célula de la organización criminal de Alejandro Arias Monge alias Diablo, que operaba en la Zona Norte y estaba conformada por al menos 16 miembros que fueron detenidos en diciembre de 2023, utilizaba al menos 2 centros turísticos para almacenar droga y esconderse.
Así lo revela la sentencia contra 6 de los sospechosos que aceptaron los cargos y fueron sentenciados a 41,5 años de cárcel por delitos vinculados al trasiego de narcóticos.
El documento del cual crhoy.com tiene copia, deja demostrados los vínculos que tenían 4 policías de Tránsito, 2 funcionarios públicos y 10 sospechosos más con “Diablo”, uno de los criminales de mayor perfil y más buscados por la policía costarricense.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, la banda operó desde el 1 de junio desde el 2018 hasta el 12 de octubre del 2022, aunque puede que la actividad ilícita se haya extendido por mayor tiempo. Todos ellos trabajaban de común acuerdo, con una clara distribución de funciones.
Los imputados conformaron una organización criminal dedicada a la posesión, venta, transporte, almacenamiento, distribución, comercialización y tráfico ilícito de drogas de uso no autorizado.
Específicamente vendían clorhidrato de cocaína, crack, picadura de la planta cannabis sativa conocida popularmente como “marihuana” y metilendioximetanfetamina, conocida como MDMA, éxtasis o XTC.
La Fiscalía presume que era alias Diablo quien giraba órdenes a otros integrantes de la agrupación con la finalidad de asegurar la comercialización de la droga y obtener las ganancias ilícitas, en colaboración con uno de los hoy acusados quien actuaba como cabecilla, quien planificó y dirigió las acciones del negocio, además de contar con hombres de confianza.
Los colaboradores de la empresa criminal se dedicaban a diferentes tareas, como distribución y cobro de dineros producto de la venta de drogas, realizar pagos, identificar nuevos puntos de comercialización y reclutar vendedores a cargo de la entrega directa de los estupefacientes a los compradores.
Según la Fiscalía, los integrantes de la agrupación fungían como socios comerciales y uno de ellos había facilitado la finca “El Encanto” en Coopevega de Cutris, una propiedad ubicada estratégicamente a la par del río San Carlos, que les permitía ocultar y almacenar las drogas.
Esta finca también funcionó como residencia de varios integrantes de la agrupación criminal, donde no solo vivían, sino que también almacenaban y ocultaban armas de fuego, dinero y cualquier otro activo, proveniente de la narco actividad.
Por ejemplo, en una ocasión los sospechosos tenían almacenados allí 20 paquetes de marihuana, resguardados con al menos 2 pistolas calibre 9 mm con sus municiones.
Otro de los lugares utilizados por la banda para trasegar drogas, era el centro Turístico Los Tucanes, en el Castillo de Peñas Blancas de San Ramón.
Según el Ministerio Público, varios integrantes de la agrupación se presentaron allí para tomar 20 paquetes de marihuana para transportarlos hasta la otra propiedad de “El Encanto”, en Cutris. Esto ocurrió en julio del 2022.
Ellos fueron sorprendidos en Muelle de San Carlos por la Dirección de Inteligencia Policial de la Fuerza Pública, donde se les decomisó la marihuana. Otras comunidades donde operaron fue en Cerro Cortés de Aguas Zarcas y Guatuso.
La organización criminal tenía unos imputados encargados de llevar el control de las cuentas de los clientes, uno ordenaba pagos y el otro los ejecutaba, otro transportaba armas, droga y mantenía controles de los vehículos de la agrupación, que además eran alquilados para ser utilizados como taxis informales.
La investigación arrojó que los oficiales de policía que conformaban la agrupación criminal, brindó información sobre la presencia policial en las zonas donde tenían inconvenientes entre los vendedores de droga. Además, habrían prestado sus propiedades para guardar el producto ilícito.
Gracias a seguimientos, vigilancias e inclusive ventas controladas a informantes policiales, el OIJ consiguió consolidar la investigación contra esta agrupación.
Las autoridades judiciales incorporaron al expediente al menos 3 denuncias, diferentes reportes confidenciales brindados al OIJ de La Fortuna y al OIJ de San Carlos, bitácoras de rastreos, informes de transacciones bancarias, reportes al 9-1-1, múltiples oficios y dictámenes policiales, así como actas de allanamientos, contenidos de teléfonos abiertos e inspecciones de llamadas intervenidas, como parte de las 134 evidencias contra la célula de alias Diablo.
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Seis de los sujetos se sometieron a un proceso abreviado, un procedimiento especial en el cual los acusados aceptan los hechos que se le imputan a cambio de que se solicite una pena reducida.
Los acusados apellidos Badilla Elizondo, Sancho Méndez, Ruiz Delgadillo, Salas Marín, Chiroldes Vargas y Carvajal Molina, aceptaron la pena al arranque el juicio. Ellos eran imputados de los delitos de infracción a la ley de psicotrópicos, asociación ilícita; portación y tenencia de armas de fuego.
Cinco de ellos acordaron penas de siete años de cárcel cada uno, mientras que el sexto negoció seis años y medio de castigo con el Ministerio Público.
A ellos les extendieron la prisión preventiva por 6 meses más, mientras la sentencia queda en firme. La imputada de apellido Chiroldes ya está privada de libertad por otra causa.
El Tribunal Penal de Upala también ordenó el comiso de un vehículo Mitsubishi Montero Sport color gris, así como ₡595 mil y $107 que pasarán a manos del Instituto Costarricense de Drogas (ICD).
Este caso destacó principalmente por la participación de oficiales oficiales de la Policía de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), así como un enfermero de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y otro miembro del Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
Diez sospechosos restantes afrontan juicio en los Tribunales de San Carlos desde el pasado martes 7 de enero. Son acusados de homicidio, narcotráfico, venta ilegal de armas, entre otros delitos. A continuación el detalle:
Apellidos de la persona
Delitos
Salas Gutiérrez
Infracción a la ley de psicotrópicos, asociación ilícita, peculado de uso, homicidio calificado, falsedad ideológica e incumplimiento de deberes.
Bravo Quesada y López Quesada
Infracción a la ley de psicotrópicos, asociación ilícita, comercialización y venta de armas, peculado, homicidio calificado, falsedad ideológica e incumplimiento de deberes.
Ulate Vásquez
Infracción a la ley de psicotrópicos, asociación ilícita, peculado de uso e incumplimiento de deberes.
Zambrana Esquivel
Infracción a la ley de psicotrópicos, asociación ilícita, tenencia ilegal de arma permitida, peculado y homicidio calificado.
Matamoros Quiró
Infracción a la ley de psicotrópicos, asociación ilícita, tenencia ilegal de arma permitida, homicidio calificado.
Artavia Angulo
Ley de psicotrópicos, asociación ilícita, tenencia ilegal de arma permitida y homicidio calificado.
Arce Ávila, Porras Cruz y Rodríguez Zelaya.
Infracción a la ley de psicotrópicos, asociación ilícita; portación, tenencia y comercialización de armas de fuego.
En apariencia, durante el desarrollo de la actividad ilícita, el grupo cometió homicidios, peculados y falsedades ideológicas. Asimismo, se les acusó de almacenar y comercializar armas de fuego, todo esto en la Zona Norte del país.
Supuestamente, todos ellos eran miembros de una organización criminal la cual transportaba la droga desde la provincia de Limón hasta los cantones de La Fortuna, Cutris, Muelle, Guatuso y Los Chiles, donde los distribuían a los puntos de venta.
Las autoridades tenían identificados algunos de los miembros de esta banda criminal, pues realizaron varias incautaciones de droga. La principal de ellas en julio del 2022, en el sector de Muelle de San Carlos, dónde se detuvo a una persona y se decomisaron al menos 10 paquetes de marihuana.
Fue la mañana del 18 y 21 de diciembre del 2023 cuando los agentes judiciales ejecutaron al menos 5 allanamientos en sectores de la Zona Norte como La Tigra y La Fortuna, para detener a varios sospechosos, entre ellos 3 oficiales y un jefe de la Policía de Tránsito.
Aparentemente, el jefe de Tránsito ha sido detenido en 3 ocasiones y sería una de las personas de confianza de “Diablo”.
Al parecer, todos ellos facilitaban la actuación de la banda brindando protección, facilitando armas de fuego y realizando depósitos de dinero con destinos en Nicaragua. También prestaban vehículos y placas, suministraban información sobre operativos policiales y presuntamente escoltaban carros con droga.
La investigación del OIJ inició en el 2021, cuando fuentes confidenciales informaron sobre la existencia de una agrupación dedicada a la venta de droga, inclusive se les relaciona con homicidios y otros delitos.
Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, figura como la cabecilla de una de las organizaciones criminales con más influencia y peligrosas del país, pues la policía le atribuye el movimiento en gran parte del territorio nacional así como una importante cantidad de homicidios que se cometieron en los últimos años, principalmente en las provincias de Limón, Cartago y Guanacaste.
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Source
José Adelio Murillo
