Contraloría advierte “plazos muy ajustados” para continuidad de servicios en Puerto Caldera

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La Contraloría General de la República (CGR) reconoció que existe un “plazo muy ajustado” para lograr la continuidad de los servicios portuarios en Caldera de Puntarenas.
El detalle se encuentra en el Informe de Auditoría de Carácter Especial Sobre el Cumplimiento del Plan de Trabajo que ejecuta el Incop para la modernización y gestión de los servicios portuarios en Puerto Caldera, el cual se publicó el 19 de diciembre de 2024.
Los contratos vigentes para la prestación de servicios en la Terminal Puerto Caldera vencen el 11 de agosto de 2026, después de 20 años de vigencia, por lo cual se requiere estructurar e implementar una nueva concesión.
La gerente de área de Fiscalización para el Desarrollo de Ciudades, Marcela Aragón Sandoval, aseguró que urge un cronograma actualizado para garantizar la continuidad de los servicios portuarios en ese punto del Pacífico costarricense. 
Aragón aseguró que en el Plan de Trabajo se evidencia un plazo “muy ajustado” para continuar con dichos servicios portuarios una vez que venzan los contratos de concesión actuales.
La funcionaria detalló que el caso es conocido por la propia administración desde el instante en el cual se efectuó la gestión de refrendo de ese contrato, al contar con un cronograma que sincronice la entrada de la nueva concesión con el vencimiento de contratos actuales.
“Esto evidencia lo crítico que es el factor tiempo en el desarrollo del objetivo para que se logre la continuidad de los servicios portuarios y la modernización de Puerto Caldera al vencimiento de los actuales contratos de concesión.
“Por lo que contar con un cronograma bien estructurado y alineado con la realidad del proyecto, así como sustentado en las regulaciones emitidas por Mideplan, le permite a la administración controlar el cumplimento de las actividades e hitos establecidos sin afectar la prestación del servicio, brindándole información relevante para la toma de decisiones y administración de riesgos oportuna”, indicó Aragón.
De acuerdo con las actividades de precalificación, se solicitó el cronograma integral ajustado de la contratación, al considerar los retrasos en la ejecución de la fase 1 y la eliminación de la precalificación se mostrara el suficiente nivel de detalle para identificar los impactos sobre el plazo y si existen riesgos en la continuidad de los servicios portuarios.
Según la CGR, el Incop “no ha evidenciado contar con un cronograma con las características antes indicadas“, lo cual requiere que la Junta Directiva del Incop y en general la administración tomen las acciones necesarias para actualizar el cronograma.

Coordinación permanente
La Contraloría General de la República advirtió sobre la importancia para una coordinación permanente del Incop con las entidades del sector público para requerimientos con el fin de obtener avales o permisos.
También hizo hincapié a la necesidad de contar con una adecuada prestación de las diferentes actividades que les corresponda brindar las dependencias en Puerto Caldera.
“En el contexto de operaciones portuarias, más allá de las labores que ejecuta un concesionario, la coordinación de funciones es fundamental, dado que en un puerto confluyen múltiples entidades, tanto públicas como privadas, que requieren ejecutar sus actividades y asegurar que los servicios se presten con calidad, eficiencia y seguridad.
“Además, como parte de la estructuración de un proyecto de concesión, de acuerdo con el ordenamiento jurídico y técnico, se requiere una serie de avales y permisos que ofrezcan seguridad jurídica respecto a la viabilidad del proyecto y, en consecuencia, al concesionario y los posibles inversores”, precisó la gerente de la Contraloría.
También se requiere la necesidad de contar con un inventario y conocer el estado de los activos entregados para efecto de la continuidad del servicio.
Según la Contraloría, la Junta Directiva del INCOP, mediante Acuerdo Nro. 4 de la Sesión 4429 del 5 de abril de 2024, aprobó la estrategia de mantenimiento del puerto por un monto máximo de $5.500.000,00 entre los años 2023 hasta agosto de 2026.
“Es fundamental que ese cuerpo colegiado y en general la administración mantengan un monitoreo, control y seguimiento estricto de las actividades que se establezcan para garantizar que los activos que reciba el Incop permitan que el Puerto de Caldera pueda continuar brindando sus servicios y se contribuya a mitigar los riesgos del proceso de cierre de los contratos vigentes para la continuidad del servicio y la no afectación de los usuarios”, precisaron.
Finalmente, la Contraloría urgió la necesidad de asegurar la prestación del Servicio de Remolcadores para una adecuada operación en el puerto.

Source
Greivin Granados

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