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El Ministerio de Seguridad Pública (MSP), el Ministerio de la Presidencia y otras instituciones del Poder Ejecutivo comandado por el mandatario Rodrigo Chaves Robles utilizan un total de 239 vehículos que han sido decomisados a bandas y sospechosos de narcotráfico.
Son en total 324 carros que en los últimos años pasaron de manos del crimen organizado a la custodia del Instituto Costarricense sobre Drogas, y que están bajo préstamo. De esta cifra, un 74% están en manos del Gobierno actual, según consta en los registros consultados por este medio.
El Ministerio de Seguridad es la institución pública o privada que más automotores tiene de este origen: son 98 en total.
En su mayoría, fueron dispuestos para uso de la Policía de Control de Drogas (25 carros), para Dirección de la Fuerza Pública (16), para el Servicio Nacional de Guardacostas (8) y el Departamento de Inteligencia Policial (7).
Además, el despacho del jerarca Mario Zamora Cordero tiene a su disposición 2 vehículos, mientras que el despacho del viceministro tiene otros 2 en uso.
Tal como dio a conocer crhoy.com el 12 de diciembre, el ministro Zamora estaría utilizando un auto propiedad de Darwin González Hernández, conocido como “Pancho Villa”, quien fue condenado por narcotráfico a 12 años de cárcel.
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Su abogado, el exmagistrado y exministro Celso Gamboa, lo dio a conocer así luego de que al sospechoso lo absolvieran de lavado de dinero y por ende, se le deban devolver sus bienes inmuebles.
“El carro que usa el ministro de Seguridad, que se vaya bajando de ahí. Porque el carro que usa Mario Zamora es el carro de Darwin. Que se lo vaya devolviendo, bien lavado y con la gasolina, por favor todos los carros”, aseguró Gamboa.
El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), confirmó a crhoy.com que efectivamente el Ministerio de Seguridad Pública tiene a préstamo un carro que pertenece a la organización criminal de Pancho Villa.
Esta es la entidad a cargo de custodiar los recursos y los bienes confiscados en los casos de posible narcotráfico o lavado de dinero, la cual indicó:
“En nuestros registros se consigna que uno de los vehículos recibidos en depósito judicial provisional por parte de la Unidad de Recuperación de Activos del ICD relativos a la causa conocida como Pancho Villa, fue dado en préstamo al Ministerio de Seguridad Pública, luego de cumplir con los requisitos contemplados en la Ley”, confirmó la entidad.
Se trata de un carro de alta gama valorado ₡26.110.000. Se trata de un vehículo con placa de carga liviana, marca Toyota estilo Land Cruiser, año 2018. Fue inscrito en marzo del 2020.
El vehículo fue comprado en ₡33 millones de colones por parte del imputado, según el Ministerio Público. Tiene una capacidad para 6 pasajeros, motor 4.500 c.c. Es doble cabina con techo duro, de color blanco, y un valor de contrato de ₡1.
Hasta ahora, Mario Zamora no se ha referido al tema. Varias delegaciones y unidades administrativas del Ministerio de Seguridad también conducen automóviles y otros modelos confiscados al narcotráfico.
¿Vehículos para espionaje?
Otra de las instituciones gubernamentales que tienen en su poder una gran cantidad de automotores oriundos del crimen organizado, es el Ministerio de la Presidencia. En total, esa institución cuenta con 38 unidades de este origen.
Ante la consulta de crhoy.com, la jerarca Laura Fernández respondió que la razón para tener una elevada cifra es “porque se aprovechan esos carros decomisados como flotilla institucional en lugar de comprarlos”.
“Los vehículos que se utilizan forman parte de la flotilla oficial del Ministerio de la Presidencia, se utilizan para los traslados míos como ministra, de los viceministros, para uso de los funcionarios de Casa Presidencial para la atención de giras, reuniones de trabajo, visitas a la Asamblea Legislativa, para absolutamente todas las funciones institucionales”, señaló Fernández Delgado.
A mediados de setiembre, el fiscal general de la República, Carlo Díaz, reveló que los vehículos bajo uso y gestión del gobierno, en apariencia, se están utilizando para espiar a jerarcas de los Poderes Supremos de la República, así como adversarios políticos.
Por esa razón, a Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) tiene a cargo investigar las denuncias sobre esta eventual utilización indebida. La causa se tramita bajo el expediente 24-000761-0619-PE y -de momento- se sigue contra ignorado. Es decir, aún no hay personas imputadas individualmente.
“No sé si de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS). Vean, tal vez voy a revelar una investigación que llevamos. Se dice que no son vehículos de la DIS.
Más bien, son vehículos que se le decomisan al narcotráfico, que posteriormente entran al ICD, eso es lo que dice una denuncia que tenemos y que esos vehículos son los que se utilizan para darnos seguimiento”, detalló entonces el fiscal general ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público del Congreso.
El funcionario agregó que, en días recientes, detrás de la casa donde reside, detectaron un sujeto con un vehículo parqueado en una actitud “sospechosa”.
“Eso ocurrió cuando yo iba llegando ¿Qué significa eso? Igual, no me importa (…) Esas son parte de las amenazas. Los seguimientos no son solo al fiscal general. Es a magistrados, es a diputados. Es a todo el que se oponga”, indicó Diaz.
Por su parte, el mandatario Rodrigo Chaves Robles, minimizó la denuncia que investiga la Fiscalía sobre la presunta existencia de una red de espionaje político a través de los cuerpos policiales adscritos al Ministerio de la Presidencia.
La queja, bajo estudio del Ministerio Público, señala que esta célula se encargaría de “espiar” a adversarios políticos del mandatario, entre los cuales figurarían diputados, magistrados y fiscales.
En el documento de la denuncia se advierte que este grupo estaría a las órdenes de Jeffry Rolando Cerdas Lobo, quien es director de la Unidad de Protección Presidencial (UPP) y de la Unidad Especial de Intervención (UEI) de Casa Presidencial.
También, estaría encabezado por Eduardo Guzmán, exfuncionario del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y actual miembro de los cuerpos policiales del Ministerio de la Presidencia.
Además, se señala que esta célula habría utilizado algunos de los vehículos decomisados por el narcotráfico, gestionados por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), y prestados a la Casa Presidencial bajo convenio de cooperación.
Chaves afirmó, a finales de octubre, que “no puede avalar lo que no existe” y desacreditó los elementos contenidos en la denuncia. De paso, explicó que Cerdas es uno de los colaboradores más cercanos y que “pasa con él casi todo el día”.
Sobre este caso, el ICD también abrió una investigación interna para esclarecer si existe un uso irregular en los vehículos decomisados al narcotráfico y que son prestados, bajo convenio, a otras entidades de gobierno.
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¿Por qué los prestan?
Durante los últimos años, el ICD ha recibido un total de 998 automotores que han sido decomisados. Desde el 2021, 644 unidades pasaron a custodia de esta entidad. La ley autoriza a embodegar, prestar, devolver, donar y vender los autos según el avance de cada causa penal.
El alto valor, origen y las características dificultan la venta, por eso una gran cantidad pasan a préstamo, mediante convenios de cooperación que responsabilizan a las instituciones de ciertas obligaciones como el cuido, mantenimiento y una póliza de seguro, así como líneas de indemnización sobre los bienes.
Entidades gubernamentales como Correos de Costa Rica (38 carros), el Consejo Nacional de Producción (20), la Cruz Roja Costarricense (16) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (14) y la Comisión Nacional de Emergencias (12), superan la docena de automotores provenientes del narco en sus flotillas.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) es la única institución fuera del Poder Ejecutivo que tiene una cantidad notoria de vehículos de este tipo con 38.
Los carros en principio son para emplearse en actividades policiales y prevención del delito, pero el director del ICD, Fernando Ramírez, reconoce que también se facilitan a otro tipo de organizaciones públicas y privadas.
Hay dos tipos de instituciones están las instituciones que tienen una relación directa con el ICD y que tienen una incidencia en los temas de represión de prevención o de contención del delito de drogas legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo.
También la legislación y el reglamento nos autoriza en casos muy calificados a que el Consejo Directivo del ICD autorice la suscripción de convenios con instituciones que eventualmente no tienen una relación directa inmediata con estos tres aspectos, pero que de alguna u otra forma hacen de que estos bienes se pongan al servicio de la comunidad y al servicio de la población, pero no son la mayoría.
Por ejemplo, más recientemente se suscribió un convenio con Japdeva, porque precisamente en estos momentos está en el proceso de la instalación de los escáneres en los muelles y eso conlleva no solamente vehículos para ponerlos a disposición de los cuerpos policiales que van a apoyar ahí, sino que también para habilitar el espacio físico para que se pueda brindar el el servicio.
Source
José Adelio Murillo
