Sede central de la CCSS, en San José. Fotografía de Edificar
La Contraloría General de la República (CGR) realizó una auditoría sobre los procesos de cobro que realiza la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) con respecto a la deuda que mantiene el Estado con la institución.
Uno de los hallazgos es que la institución no implementa el cobro judicial para todos los casos. De hecho, a la fecha únicamente tienen un caso en proceso que inició en marzo de 2023 sobre una deuda de ¢16.662 millones relacionada con asegurados por cuenta del Estado.
Además, en 2021 se trasladaron 2 casos más a la Dirección Jurídica, pero fueron devueltos a la Gerencia Financiera para que el cobro se realizara vía administrativa.
Por otro lado, la institución no emite facturas para el caso del Traslado del primer nivel de atención, pero sí suma dichos montos a la deuda, agregándolos en los informes de deuda que envía al Ministerio de Hacienda.
“Esto, según indica la Administración, porque dicha obligación se encuentra en proceso en el Tribunal -Contencioso Administrativo y están a la espera de que el Tribunal resuelva los planteamientos hasta ahora formulados por las partes, situaciones que no son de recibo, ya que no los factura, pero sí los suma al total de la deuda”, explicó la CGR.
Otra debilidad hallada es que la CCSS omite elementos de control interno que aseguren el proceso de cobro, ya que incluso se desconoce el rol de las unidades que intervienen en determinar el monto.
Para la CGR, lo que causa estas debilidades es que la CCSS se ha enfocado en la suscripción de un convenio con el Ministerio de Hacienda, “sin que a la fecha se haya logrado”. También, con este convenio se deja de lado el cobro del dinero no recuperado del 2019 a la fecha.
En el contexto de las obligaciones del Estado con la CCSS, la suscripción de convenios debe ser entendida como un mecanismo de coordinación entre las administraciones que 5 les permite establecer condiciones y elementos relativos a los rubros adeudados, más no se constituye un mecanismo – per se – para la determinación de la deuda, tal como lo han pretendido aplicar la CCSS y el Ministerio de Hacienda, sin obtener los resultados esperados.
Lo anterior deja en evidencia que la posición de la CCSS de negociar la determinación del monto con el Ministerio de Hacienda, con el fin de firmar un convenio, ha contribuido a que el proceso de cobro no continúe a las vías correspondientes, al punto de no recibir pagos por esa deuda que va acumulando y sumando intereses, asegura la CGR.
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Ambar Segura
