Publicado: diciembre 7, 2024
El cierre de las pulperías en las cárceles del país ha generado controversia entre los privados de libertad, quienes han elevado su inconformidad a la Sala Constitucional al considerar que esta medida afecta gravemente su calidad de vida.
Recursos de amparo por necesidades insatisfechas
Dos grupos de reos, del Centro Nacional de Atención Específica y del CAI Adulto Mayor de Alajuela, presentaron recursos de amparo ante la Sala Constitucional. En sus documentos, ingresados los días 3 y 4 de diciembre, argumentan que la clausura de las pulperías ha dejado a la población carcelaria en una situación de vulnerabilidad, especialmente a los adultos mayores con condiciones crónicas.
“Nos vemos en total indefensión, ya que no podemos adquirir los productos necesarios para suplir nuestras necesidades diarias, como alimentos específicos o insumos básicos que el sistema penitenciario no contempla”, señala el recurso presentado por el Comité de Internos del CAI Adulto Mayor.
La Sala Constitucional confirmó que ambos recursos se encuentran en estudio para determinar su admisibilidad.
Medida para combatir irregularidades
El cierre de las pulperías fue ordenado por la Dirección de Adaptación Social el pasado 2 de diciembre. Según el Ministerio de Justicia y Paz, estas tiendas, gestionadas por privados de libertad, en ocasiones han sido utilizadas para actividades ilícitas, incluyendo el manejo de recursos provenientes del crimen organizado y la venta de drogas.
El Ministerio también señaló que los fondos recolectados durante el proceso de clausura han sido entregados a los Comités de Privados de Libertad, con el objetivo de garantizar su uso en beneficio de los internos y no para fines cuestionables.
Impacto en la población carcelaria
Los reos afectados aseguran que las pulperías eran su principal medio para adquirir productos no provistos por el sistema penitenciario, como ciertos alimentos, artículos de higiene personal y medicamentos básicos. En el caso del CAI Adulto Mayor, destacan que esta medida impacta desproporcionadamente a los internos más vulnerables debido a su edad y problemas de salud.