El diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), Eli Feinzaig, lanzó severas críticas contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves, calificando su actitud como «intolerante y ofensiva». Feinzaig defendió a los pequeños ganaderos afectados por el decreto de trazabilidad del ganado y expresó su rechazo a los comentarios del mandatario hacia su compañera de bancada, Johana Obando, quien también ha cuestionado la implementación de la medida.
Controversia por el decreto de trazabilidad del ganado
El malestar de los pequeños ganaderos
La polémica se originó durante una gira presidencial, cuando un grupo de pequeños ganaderos se acercó a Chaves para expresar su preocupación por el decreto que obliga al areteo del ganado como parte de un sistema de trazabilidad. Según Feinzaig, el presidente reaccionó de manera desproporcionada al acusar a estos agricultores de ser «contrabandistas de ganado y lavadores de dinero».
“El tono insolente y las acusaciones infundadas son inaceptables, especialmente contra personas que luchan por subsistir con apenas unas pocas cabezas de ganado”, señaló el diputado.
Acusaciones contra Johana Obando
El «show del mediodía» y los señalamientos
Durante su habitual conferencia de prensa de los miércoles, Chaves arremetió contra la diputada Johana Obando, acusándola de ser una “defensora de contrabandistas y lavadores”. Feinzaig rechazó enérgicamente estas declaraciones, calificándolas como un ataque injustificado y un intento de desacreditar a quien defiende los intereses de los sectores más vulnerables.
“Johana entiende las dificultades de las comunidades rurales porque las vivió en carne propia. No necesita que nadie se las cuente”, enfatizó Feinzaig, destacando la conexión de su compañera con las necesidades del sector campesino.
Una postura crítica desde el PLP
A favor del areteo, pero no de su implementación
Feinzaig aclaró que ni él ni los diputados de su bancada están en contra de la trazabilidad del ganado, sino de la forma en que se ha tratado de imponer. Según el legislador, el decreto no fue consultado con las comunidades afectadas y carece de un enfoque que considere las condiciones económicas de los pequeños ganaderos.
“No podemos aceptar que una medida tan importante sea aplicada de manera abrupta, sin escuchar a quienes apenas sobreviven con esta actividad”, concluyó Feinzaig.
