El presupuesto de la República tiene una especie de cinturón que aprieta las posibilidades de crecer. Su nombre es regla fiscal y comenzó a aplicarse desde el 2020, con la entrada en vigor de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que se aprobó como una forma de contener el aumento desmedido del gasto público.
Esta regla tiene una fase restrictiva, que se aplica cuando la relación de la deuda pública con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) supera el 60%. Actualmente, el país se encuentra en esa posición.
Al ubicarse en esta fase, los gastos corrientes del gobierno (salarios, pensiones, inversión social) y la inversión de capital (obras de infraestructura, compra de activos), no pueden crecer de manera significativa.
Ante esta posición, la aspiración del Gobierno ha sido la de cerrar este 2024 con un nivel deuda/PIB inferior al 60%, de manera que en el presupuesto del 2026 (que se construiría el próximo año), la regla fiscal entre un escenario menos restrictivo y el presupuesto pueda tener una mayor flexibilidad para el gasto.
Sin embargo, el informe Análisis de la coyuntura fiscal, que se empezó a publicar desde abril del 2024 el Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA), destacó que, de persistir ciertas condiciones fiscales, “la deuda del Gobierno central se mantendría por encima del 60% del PIB”.
“Desgraciadamente pareciera que este no es el año donde la deuda logre bajar del 60%. Entonces, suponiendo que la deuda sí logra reducirse el año entrante por debajo de ese porcentaje, la flexibilidad de la regla fiscal llegaría hasta el 2027”, manifestó Fernando Rodríguez, economista y coordinador del OES.
Este desfase ocurre por lo siguiente: el Gobierno debe esperar tanto la liquidación del Presupuesto de la República del 2025 como el informe macroeconómico del Banco Central, lo que ocurriría durante los primeros dos meses del año (en este caso del 2026). Es así como, teniendo las cifras oficiales de deuda, las instituciones preparan sus presupuestos del 2027 en los meses siguientes.
Considerando que el Gobierno actual termina su periodo el 8 de mayo de 2026, le corresponderá a la nueva Administración que asuma el mandato establecer las pautas para elaborar el presupuesto que regirá en el año siguiente.
Las probabilidades de alargar la prevalencia de una regla fiscal más flexible dependen del comportamiento fiscal que tenga el Gobierno, de manera que la deuda logre reducirse.
Empero, el análisis fiscal del primer cuatrimestre del OES revela un crecimiento del gasto por razones del pago de intereses de la deuda pública, pago de remuneraciones y gasto de capital. Por otra parte, la generación de ingresos, principalmente a través de la recaudación de impuestos, ha tendido a desacelerarse.
Entonces, si el país gasta más de lo que recibe, se genera un déficit fiscal que en abrir del 2024 fue de un 1,10% del PIB, mayor al déficit que se registró un año antes (abril 2023), que fue del 0,70% del PIB.
Ese déficit alcanzaría el 3,5% del PIB al cierre del 2024, de acuerdo con las previsiones del OES de la UNA, y es ahí donde estaría en entredicho el objetivo de alcanzar un nivel de deuda que baje del 60%, para lograr un estado de mayor flexibilización de la regla fiscal.
Implicaciones
Retrasar, eventualmente, un año más que el país pueda estar en un escenario menos restrictivo de la regla fiscal tiene implicaciones sobre la cantidad de recursos que el Gobierno destina en inversión social.
Ocurre en el momento en que, en la discusión del presupuesto para el próximo año, por ejemplo, se habla de una rebaja de hasta 19.000 millones para el Ministerio de Educación Pública, lo cual deja en un 5,25% del PIB la inversión que se hace en educación, muy alejado del 8% constitucionalmente establecido.
Un reciente pronunciamiento de la Defensoría de los Habitantes determinó el impacto de los recortes presupuestarios sobre cuatro instituciones del sector social. En el caso de la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones familiares (Desaf) se ha afectado a 46 programas que atienden a personas en condición de pobreza y pobreza extrema, con una reducción de 43.787 millones de colones.
En el caso del programa Avancemos, se reveló un recorte de 7.761 millones de colones, lo que implicó la afectación directa a 18.266 personas estudiantes, que no fueron beneficiadas con el subsidio que se les otorga para que no abandonen sus estudios.
“Estamos llegando a un punto donde el proceso de ajuste de la regla fiscal junto con el efecto generado por la pandemia está provocando efectos indeseados, que se extienden hacia algunos sectores y esto da como resultado un círculo vicioso. Al afectarse la actividad económica, se reduce la posibilidad de recaudar más impuestos, afecta las cifras fiscales y por ende la cantidad de recursos para invertir”, explicó Rodríguez.
Por su parte, Leiner Vargas, economista del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la UNA, advirtió que mantener el gasto de capital dentro de la regla fiscal es contraproducente a los intereses del país.
“Un Estado no puede sacrificar su crecimiento y el empleo por apretarse la faja en lo fiscal. Si bien es correcto que el gasto corriente debía ser corregido y que eso requería de una medida fuerte, lo cierto es que poner en jaque la inversión nos está generando un efecto boomerang, en cuanto a puentes, carreteras, puertos, así como en las condiciones de infraestructura en los sectores de educación y salud”, indicó Vargas.
Para Rodríguez, coordinador de la OES, es fundamental que el Gobierno preste atención no solo a los temas de ingresos y gastos sino a cómo reducir la factura que el país paga por intereses de la deuda pública, los cuales muestran un incremento interanual cercano al 10%, lo que afecta las cifras fiscales.
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UNA