La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) publicó este martes una resolución en la que ordena a Nicaragua la liberación de 25 personas consideradas como “presos políticos” e informar del paradero de otras dos que se encuentran desaparecidas tras haber sido detenidas.
En una resolución de medidas provisionales, la CorteIDH requirió a Nicaragua que “proceda a la liberación inmediata” de estas 25 personas detenidas “por su participación en actividades percibidas como actos de oposición al actual Gobierno de Nicaragua, o se trata de personas con un rol de liderazgo en las comunidades religiosas a las que pertenecen”.
“A la luz de lo indicado, la Corte constata que las condiciones de detención en que se encuentran los propuestos beneficiarios son de extrema gravedad y que se requiere la adopción de medidas urgentes para evitar que se consumen daños irreparables a sus derechos”, indica la resolución.
Las personas beneficiarias de las medidas de la CorteIDH son Kevin Emilio Castillo Prado, Víctor Jobelni Ticay Ruiz, Sergio Catarino Castiblanco Hernández, Jacqueline de Jesús Rodríguez Herrera, Jonathan Euliecer Cruz Wuaguiz, Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, Anielka Lucía García Zapata, Melba Damaris Hernández, Freddy Antonio Quezada, Abdul Montoya Vivas, Eddy Antonio Castillo Muñoz; Nelly Griselda López García.
Además, Juan Carlos Baquedano, Carlos Alberto Bojorge Martínez, Walner Omier Blandón Ochoa, José Luis Orozco Urrutia, Álvaro Daniel Escobar Caldera, Juan Carlos Chavarría Zapata, Marcos Sergio Hernández Jirón, Juan Luis Moncada, Orvin Alexis Moncada Castellano, Harry Lening Ríos Bravo, Manuel De Jesús Ríos Flores, Cesar Facundo Burgalín Miranda y Marisela de Fátima Mejía Ruiz.
En esta lista figuran periodistas, docentes, artistas, empresarios, activistas, exmilitares, exmilitantes del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), estudiantes, misioneros y pastores evangélicos.
La CorteIDH también requirió al Estado de Nicaragua que “adopte las medidas necesarias y adecuadas para determinar e informar el paradero de Freddy Antonio Quezada y Carlos Alberto Bojorge Martínez, quienes se encontrarían desaparecidos”.
El tribunal internacional ordenó a Nicaragua que proteja el derecho a la vida, a la integridad y a la libertad personal, a la salud y a la alimentación adecuada para las personas beneficiarias de las medidas provisionales, así como que les garantice el acceso de los abogados de confianza y que se abstenga de enjuiciar y ejercer represalias en contra de sus familiares y representantes.
En noviembre del 2022, la CorteIDH declaró a Nicaragua en desacato, luego de que el Gobierno de Daniel Ortega no respondiera a una serie de resoluciones en las que el tribunal exigía la liberación de “presos políticos” y la protección de activistas, disidentes y personas defensoras de derechos humanos que han sido detenidas a partir del 2018 cuando comenzaron una serie de protestas contra el Ejecutivo.
En los últimos años, Nicaragua no ha respondido a resoluciones y órdenes de la CorteIDH y se ha ausentado de audiencias a las que le ha convocado el tribunal, la última de ellas el pasado 3 de julio cuando los jueces conocieron un caso de feminicidio que no fue investigado adecuadamente por las autoridades nicaragüenses.
