{{slide.text | html}}
{{slide.text | html}}
{{slide.text | html}}
El caso Barrenador, en el cual se investiga un escándalo de supuesta corrupción sobre posibles influencias y presiones para otorgar un contrato con aparentes sobreprecios de unos ₡12.400 millones al año para que varias cooperativas se encarguen de la administración de 10 áreas de salud, será tramitado por la Fiscalía General.
Todos los 8 sospechosos, incluida la expresidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, ya no serán investigados por la Fiscalía Adjunta de Propiedad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), como ocurría hasta este momento.
Ahora será directamente el fiscal general Carlo Díaz, quien asuma el expediente judicial. Ante la consulta de crhoy.com, el Ministerio Público confirmó que el caso Barrenador completo será asumido por el máximo despacho, donde seguirán las indagaciones.
La decisión se toma luego de que el mandatario Rodrigo Chaves Robles, sabiendo que Marta Eugenia Esquivel es imputada en 10 causas penales, la nombró como ministra de Planificación, un cargo que le da inmunidad y que hace mucho más complejos los trámites en sede judicial.
Tal como dio a conocer crhoy.com esta mañana, el resto de 9 casos en los cuales la nueva jerarca figura como sospechosa, también pasaron de manos de la Fiscalía Anticorrupción hacia la Fiscalía General.
Al ser nombrada como parte del gabinete de Chaves, la expresidenta de la CCSS ya no puede ser juzgada como una ciudadana normal con un proceso penal ordinario, al haberse convertido en un miembro de los Supremos Poderes.
Además, el antejuicio, las medidas cautelares y cualquier autorización para avanzar con los casos ya no serán aprobados por un juez, sino que magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia actuarán como un juzgado y un tribunal.
La apuesta el Ministerio Público fue mantener la causa íntegra aunque se genera más retrasos, porque la otra alternativa era dividirlo en 2 partes: una con Marta Eugenia bajo el proceso especial para ministros, y otra ordinaria con el resto de imputados.
Esto generará grandes retrasos en la persecución del delito. Hasta el momento la investigación avanzaba a buen paso: fuentes judiciales confirmaron a crhoy.com que incluso, los planes eran culminar este mismo año la acusación contra la jerarca y los restantes 7 imputados, entre los que figura la gerente general Marielos Gutiérrez, así como directivos actuales y anteriores de la institución.
Entre los planes del Ministerio Público estaba en 2025, finalizar con la revisión de evidencias recolectadas hasta ahora para formular la investigación e inclusive, solicitar la apertura a juicio antes de que terminara el año.
{{slide.text | html}}
{{slide.text | html}}
{{slide.text | html}}
Así será el proceso
De acuerdo con el Ministerio Público, el procedimiento especial se aplica a las personas que pertenecen al Poder Ejecutivo en cargos de presidente, vicepresidentes y ministros, en el Poder Legislativo a los diputados y en el Poder Judicial a magistrados.
Todos estos gozan de un fuero de improcedibilidad, es decir, del derecho de que puedan ser procesadas penalmente solo a través de este procedimiento especial. También tienen inmunidad, el privilegio de no ser detenidos o privados de libertad por alguna causa penal.
La investigación está a cargo de quien ocupe el cargo de fiscal general, en este caso, Carlo Díaz, quien realizará todas las diligencias necesarias para recabar la prueba. Al finalizar la investigación, podrá presentar desestimación, sobreseimiento o acusación ante la Corte Suprema de Justicia.
La Corte Suprema de Justicia analiza la procedencia de la acusación y en caso de considerarse admisible, se traslada a la Asamblea Legislativa para el antejuicio y valoración del levantamiento del fuero de improcedibilidad.
Recibida la acusación en la Asamblea Legislativa se nombra una comisión especial integrada por tres diputadas o diputados, la cual analizará la prueba y emitirá una recomendación al Plenario Legislativo sobre la viabilidad de continuar con el proceso penal, así como la procedencia para levantar el fuero.
Los 57 legisladores en pleno conocerán del informe y de considerarse viable, podrán ejecutar el levantamiento del fuero, siempre y cuando ser aprobado por mayoría calificada de votos, o sea 38 o más.
Tras el levantamiento de la inmunidad, una magistrada o un magistrado de la Sala de Casación Penal (Sala Tercera), estará a cargo de los actos de investigación, hará una prevención a la persona imputada para que, en tres días, designe a su defensora o defensor y procederá a tomarle la declaración indagatoria.
Como se observa, a diferencia del proceso ordinario, al Ministerio Público no le corresponde recibir la declaración indagatoria del imputado. El magistrado instructor dará cinco días a las partes para ofrecer prueba para el juicio.
Vencido el plazo, se refiere a la prueba admitida para luego señala fecha y hora para el debate oral y público. El juicio es realizado por las magistradas y los magistrados de la Sala III de Casación Penal, siguiendo las mismas reglas de un debate ordinario.
La sentencia emitida puede ser impugnada por las partes y competerá a la Corte Plena conocerla.
La solicitud de medidas cautelares solo es procedente tras el levantamiento de la inmunidad por parte de la Asamblea Legislativa, en cuyo caso corresponderá a la Sala de Casación Penal conocer sobre la procedencia de las medidas cautelares, en un plazo máximo de 24 horas desde la solicitud.
Source
José Adelio Murillo
