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La tarde este jueves de manera unánime 45 diputados aprobaron, en su trámite de primer debate, el proyecto de Ley 23.500, con el cual se busca establecer un marco legal que garantice las condiciones de la labor humanitaria de la Cruz Roja Costarricense.
Esta propuesta de ley, presentad en el 2022 por la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Kattia Rivera Soto, declara a la Cruz Roja como una institución de utilidad pública y bienestar social, otorgándole la capacidad para administrar fondos provenientes del Estado y sus entes descentralizados.
El proyecto establece lineamientos para la relación de la Cruz Roja con el Estado, instituciones autónomas, municipalidades, organismos internacionales y el sector privado.
Por otra parte, promueve la cooperación del Estado mediante convenios y alianzas público-privadas, con el fin de asegurar la sostenibilidad financiera, la modernización tecnológica y operativa, y la disponibilidad de recursos en emergencias.
La legisladora Rivera dijo que el texto busca las condiciones para el libre desplazamiento de la Cruz Roja por todo el país, así como el acceso sin obstáculos a los beneficiarios de sus servicios, sin que sus miembros afronten problemas judiciales. Aunado a esto, se reconoce su derecho a la confidencialidad de la información obtenida en su labor.
En materia económica, el plan incluye la exoneración de impuestos y otros beneficios, como la justicia gratuita y la inembargabilidad de bienes destinados al servicio público.
También, permite a las municipalidades realizar donaciones a la Cruz Roja, utilizando un porcentaje del Impuesto de Patentes Municipales u otras fuentes de ingresos, para financiar gastos operativos, renovación de la flota vehicular y otros fines relacionados con su labor.
Además, facilitara la participación del sector privado por medio de donaciones o acuerdos legales.
El segundo debate de la propuesta quedó en agenda para el martes 14 de enero.
Source
Carlos Mora
