Al menos ₡372 millones, que estuvieron al margen del control oficial del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), se destinaron para impulsar la campaña de Rodrigo Chaves Robles por medio de dos estructuras paralelas, descubiertas en la investigación que el órgano rector hizo por medio de su Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP).
El informe final emitido por esta dependencia a la Fiscalía General, para que se investigue la posible violación a tres artículos del Código Electoral -sancionados con penas de cárcel-, confirma que Chaves y el resto de involucrados en el expediente utilizaron esa figura para percibir donaciones de personas extranjeras y personas jurídicas.
También que se usaron las estructuras paralelas para ejecutar el pago de bienes y servicios sin que estas operaciones pasaran por las cuentas oficiales del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), que albergó a Chaves como su candidato en el 2022, para no ser detectados por el ente rector electoral.
El TSE determinó que parte del dinero que acuerpó el transitar de Chaves provino de al menos 9 financistas, quienes usaron sociedades anónimas, un fideicomiso y cuentas bancarias de Sofía Agüero para “potenciar las aspiraciones políticas de Rodrigo Chaves”.
Gracias al levantamiento del secreto bancario y el secreto tributario, el TSE pudo tener detalle del origen de parte de los fondos, siendo que quedaron al descubierto las personas y sociedades anónimas que pusieron dinero usando una de las estructuras paralelas de financiamiento, acto que es ilegal y penado con cárcel según el Código Electoral.
Fideicomiso: Punto de partida
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Todo inició con la creación del fideicomiso Costa Rica Próspera el 25 de febrero del 2021, según el documento del TSE, con recursos provenientes de los financistas Jack Loeb Casanova, Bernal Jiménez Chavarría, Arnoldo André Tinoco y Rodrigo Chaves Robles.
El fideicomiso nació bajo la administración de ATA Trust Company S.A., cuya constitución se hizo en el bufete Lexincorp de André Tinoco.
Por medio de esta instrumento, el ahora presidente pudo contar con ₡236 millones que provenían de diferentes fuentes, pero que no se reportaron al TSE como donaciones al PPSD. El levantamiento del secretario tributario a ATA Trust constató que ingresaron fondos entre el 25 de febrero y el 8 de octubre.
El informe final reveló que donaron al fideicomiso: Jack Frederick Loeb Casanova ($106.750), Arnoldo André Ticono ($5.500), José Francisco Coto Quesada ($13.000), Luis Diego Soto Clausen ($5.500), Adrián de Jesús Torrealba Navas ($15.000), Bernal Jiménez Chavarría (₡300.000), Damaris Robles Aguilar ($10.000), Helen Valerie Loeb Casanova ($1.500) y José Antonio Yock Fung (₡1 millón).
André Tinoco, quien fue nombrado por Chaves como canciller, no registró los traslados de dinero directamente, si no que utilizó las sociedades anónimas Galería Tres Mil y Península Group para hacer llegar la plata a CRP.
De igual forma lo hizo Torrealba Navas, pues el depósito del dinero se giró a nombre del bufete de abogados Facio & Cañas, pero un informe rendido por André al TSE señala que el dinero provenía de Torrealba.
Una vez percibido ese dinero, previo a la ratificación de la candidatura presidencial de Chaves para los comicios (acto efectuado el 4 de julio de 2021), durante el proceso de la investigación se identificaron gastos puntuales que tenían por objetivo favorecer el accionar político de esa agrupación, indica el informe.
Puntualmente se detectaron sumas por ₡62.010.239 y $348.182, de los cuales se usaron para pagar gastos electorales las sumas de ₡47.733.108 y $98.741.
Sofía-Loeb: línea directa a campaña
La otra línea de ingresos con los que se sufragaron gran parte de los gastos de la campaña de Chaves salieron del financista Loeb Casanova, pero esta vez por medio de Sofía Agüero Salazar, hija del actual diputado Waldo Agüero Sanabria.
Esta fue calificada por la investigación del TSE como la segunda estructura paralela, creada por Loeb y Agüero Salazar.
Por medio de esta, Loeb habría hecho una donación de $200.000 a las campañas de Chaves y Waldo Agüero, usando a Sofía como intermediaria, pues puso a disposición dos de sus cuentas en diferentes entidades financieras, todo al margen de la tesorería del partido político.
Este presunto financiamiento ilegal operó entre el 2 de setiembre de 2021 y el 28 de febrero de 2022.
Dicha estructura recibió ₡12.431.317 y $208.844, es decir, ₡136 millones aproximadamente, usados en gastos de naturaleza político-electoral para las aspiraciones de Chaves y Agüero. Dichos movimientos no fueron incluidos en los estados financieros del PPSD.
El informe del TSE indica que Chaves y el diputado Agüero pudieron conocer del hecho, pero no lo denunciaron.
“De lo que sí se ha recabado evidencias es sobre la adquisición de bienes o servicios costeados por el fideicomiso del grupo CRP, que habrían beneficiado directamente al partido Progreso Social Democrático, la candidatura del señor Rodrigo Chaves Robles -ya oficializada desde el 4 de julio de 2021-y otras candidaturas de la agrupación política -en particular de las señoras Luz Mary Alpízar Loaiza, Pilar Cisneros Gallo y Mary Munive Angermüller, así como de los señores Stephan Brunner Neibig, Julio Ubaldo Agüero Sanabria, c.c. Waldo Agüero Sanabria, y Manuel Esteban Morales Díaz”, resalta el documento del TSE.
Tras la revisión de actas del partido para conocer las autorizaciones que se dieron a diferentes personas para el manejo de los fondos, el TSE constató que no se encontró en documentación del Comité Ejecutivo Superior del PPSD, del 5 de setiembre de 2020 al 6 abril de 2022, que respalde a Chaves, Loeb Casanova, André Tinoco, Vargas Araya o Agüero Salazar, para recaudar fondos en nombre o beneficio del PPSD para las elecciones del 2022.
En el análisis también se identificaron ₡4 millones y $180.500 en ingresos sin identificación precisa, de su origen o finalidad, al fideicomiso del grupo CRP, recibidas entre el 25 de febrero y el 6 de octubre de 2021.
Alpízar intentó negar que la actividad del grupo CRP estuviera ligada con el PPSD, pero en los correos recabados durante la investigación se hallaron comunicaciones donde ella reconoce que el fideicomiso “sufragó bienes y servicios de naturaleza electoral (incluyendo de organización y capacitación política), después del 4 de julio de 2021″, fecha en que se conoció la candidatura de Chaves.
La diputada, en su entonces condición de presidenta del partido, envió los correos a [email protected] y [email protected], entre el 28 y 30 de julio de 2021, donde queda expuesto su conocimiento del vínculo.
Delitos electorales
En las 2 presuntas estructuras paralelas hubo personas que depositaron dinero y luego esos recursos se usaron para pagar gastos como: pauta en medios de comunicación y redes sociales, alquiler y servicios de la sede de campaña ubicada en el barrio La California. También, otros rubros como viáticos, salarios del personal de la campaña y mobiliario de oficina.
Las conclusiones de la investigación elaborada por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE evidencian la presunta comisión de delitos relacionados con la captación de recursos de particulares y el pago de bienes y servicios sin que estas operaciones pasaran por las cuentas del PPSD, en contra de lo que establece el Código Electoral, a partir de 2 presuntas estructuras paralelas de financiamiento. Los delitos investigados son penados, en algunos casos con hasta 6 años de cárcel.
En el caso del presidente Chaves, el informe cita que habría incurrido en una violación al artículo 273 del Código Electoral, por presuntamente recibir donaciones para el partido político Progreso Social Democrático (PPSD) a espaldas de la tesorería de la organización política. Dicho delito tiene una pena de 2 a 4 años de cárcel.
El TSE encontró que este delito se pudo cometer cuando Chaves, en su condición de constituyente del fideicomiso Costa Rica Próspera, invitó a recibir depósitos a las cuentas de ATA Trust Company S.A., siendo ya candidato electo por el partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Por este mismo delito y la misma situación fueron investigados los empresarios y donantes de campaña: Jack Loeb, Andrés Vásquez y Alonso Vargas Araya, todos representantes del fideicomiso investigado. También al canciller de la República Arnoldo André.
Además, al presidente Chaves se le relaciona con la supuesta violación al artículo 275, que tipifica las contribuciones privadas ilegales. En este caso, se le señala por recibir donaciones para su campaña a través de “una estructura paralela y evadiendo los controles del partido político”. Por este mismo delito se le señala a la diputada Alpízar, quien ahora es independiente.
Por este mismo delito también está siendo señalado el vicepresidente Brunner, pues el informe del TSE logró determinar que conocía sobre la existencia de activos del PPSD adquiridos por el fideicomiso Costa Rica Próspera y no lo denunció.
Source
Carlos Castro
