Un hecho de justicia por mano propia encendió las alarmas en Cartago, luego de que un joven golpeara a un hombre a quien acusó de haber robado a su madre días atrás. El incidente, captado en video, ha generado un amplio debate sobre la desconfianza en las instituciones judiciales y los peligros de actuar fuera del marco legal.
El suceso: agresión en plena vía pública
El incidente ocurrió en el sector conocido como Proyecto Manuel de Jesús Jiménez, en Cartago, donde un joven, visiblemente alterado, amenazó y agredió físicamente a un hombre al que acusó de haber asaltado a su madre y de haberle robado la suma de ¢30.000.
Las imágenes difundidas en redes sociales muestran al joven increpando al presunto delincuente, golpeándolo y diciendo que actuaba motivado por impotencia ante la falta de justicia formal.
Una señal preocupante: desconfianza en el sistema judicial
De acuerdo con datos del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), la confianza ciudadana en el Poder Judicial ha disminuido significativamente en los últimos años, lo que podría estar influyendo en la creciente tendencia de personas que deciden tomar acciones por cuenta propia.
Especialistas en derecho penal y criminología han advertido que estos hechos, aunque motivados por el enojo o el dolor, no están justificados legalmente. La ley contempla mecanismos claros para hacer denuncias, pero no permite que un civil actúe como juez y ejecutor.
Las consecuencias legales de actuar al margen de la ley
Aunque muchos ciudadanos consideran comprensible que una persona reaccione ante un hecho violento que afectó a un ser querido, la ley costarricense no ampara las agresiones, incluso si están motivadas por un deseo de justicia.
Los juristas advierten que quienes agreden a otros fuera del marco legal pueden enfrentar cargos por agresión, lesiones o incluso tentativa de homicidio, dependiendo de la gravedad del ataque. Además, podrían terminar enfrentando penas de cárcel.
En estos casos, lo recomendable es acudir de inmediato a las autoridades y presentar una denuncia formal, aportando pruebas y permitiendo que el sistema judicial actúe conforme a derecho.
El desafío de fortalecer la confianza institucional
La situación pone en evidencia la urgente necesidad de recuperar la confianza ciudadana en las instituciones judiciales y de seguridad. Cuando la población percibe que las denuncias no avanzan o que los delincuentes quedan impunes, el riesgo de que se multipliquen estas acciones por mano propia se incrementa.
Organismos de derechos humanos y académicos recomiendan fortalecer los canales de denuncia, mejorar la respuesta policial y agilizar los procesos judiciales, para evitar que las personas sientan que la única salida es la confrontación directa.
