El Gobierno de Venezuela acusó este lunes a Estados Unidos de estar implicado en una trama de corrupción en la estatal petrolera PDVSA, por la que hay 66 personas detenidas, entre ellas el exministro de Petróleo Tareck El Aissami.
A través de la red social X, el canciller venezolano, Yván Gil, aseguró que el Gobierno de Joe Biden intenta “esconder la responsabilidad de los EE. UU. en la trama de corrupción PDVSA-Cripto, tratando de proteger a sus títeres y lacayos, en Venezuela y en el mundo, responsables de la conspiración permanente” que -afirmó- hay contra el país caribeño.
Con este mensaje, Gil respondió a una publicación del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, en la que el funcionario estadounidense condenó las recientes detenciones de tres activistas de la principal coalición opositora venezolana, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
“Condenamos las detenciones de más personal de campaña de los partidos de oposición democrática venezolana durante el fin de semana. Estos arrestos van en contra de un proceso electoral inclusivo. Pedimos la liberación inmediata de todos los presos políticos”, escribió Nichols en X.
“Conspiración política”
Este lunes, el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, aseguró que los opositores Leopoldo López, Julio Borges, Carlos Vecchio -los tres en el exilio- y Carlos Ocariz, a los que vinculó con “una conspiración política” ligada a ‘PDVSA-Cripto’, planeaban “disolver el Estado por cualquier vía antidemocrática” en connivencia con EE. UU. y El Aissami.
El “enlace” entre unos y otros era, de acuerdo con Saab, James Story, funcionario estadounidense al frente de la oficina externa de EE. UU. para Venezuela -que operaba desde Colombia- hasta el 2023.
El fiscal aseguró que esta trama de corrupción tenía el objetivo de “implosionar” la economía, “destruir” la moneda nacional -el bolívar- “presionando al alza el valor del dólar paralelo (a un tipo de cambio por encima del oficial)” y “hacer fracasar las políticas económicas impulsadas por el Ejecutivo”.
Saab no descarta nuevas detenciones de personas vinculadas con este caso, cuya investigación comenzó en marzo de 2023.
