La comunidad de Yerbabuena, en San Rafael de La Unión, Cartago, ha intensificado sus esfuerzos para lograr el cierre definitivo del Tajo Hacienda San Rafael. La molestia de los vecinos, que aseguran enfrentar graves afectaciones ambientales y sociales, llevó a la reciente protesta con el bloqueo del puente sobre el río Chiquito, una de las arterias clave del cantón.
Un conflicto que se prolonga desde 2016
El tajo, operando desde 2016 bajo una patente otorgada por la municipalidad, ha sido objeto de múltiples cuestionamientos legales y sociales. En 2022, el Tribunal Contencioso Administrativo ordenó su cierre, pero la Municipalidad de La Unión apeló el fallo. Actualmente, el caso sigue en casación en la Sala Primera, dejando en vilo tanto a la comunidad como a la empresa.
En agosto de 2024, el Concejo Municipal intentó eliminar los permisos de operación del tajo a través de los acuerdos 495 y 496, decisión que fue vetada por el alcalde Cristian Torres. Sin embargo, el Tribunal Contencioso declaró inadmisible el veto, alimentando aún más las tensiones entre los vecinos y las autoridades locales.
Impactos ambientales y sociales
Los residentes han señalado graves daños al medio ambiente, entre ellos la contaminación del río Chiquito, que atraviesa una zona clasificada como de protección forestal según el Plan Regulador de La Unión. También destacan que el ruido de maquinaria pesada, las detonaciones y el tránsito de al menos 40 camiones diarios cargados con material han deteriorado la calidad de vida en la comunidad.
El puente cantonal, diseñado para soportar un máximo de 20 toneladas, es constantemente cruzado por camiones que cargan hasta 30 toneladas, lo que ha generado preocupación por posibles colapsos estructurales.
Posición de la municipalidad
El alcalde Cristian Torres argumentó que la Municipalidad de La Unión no tiene competencias directas para ordenar el cierre del tajo, ya que los permisos de extracción son emitidos por Geología y Minas, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y otras entidades vinculadas al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
“No podemos cerrarlo como tal; eso depende de otras instituciones. Incluso si se nos ordena retirar la patente, la empresa podría seguir operando con los permisos otorgados por esas instancias”, declaró Torres.
¿Qué sigue para la comunidad?
Los vecinos no parecen dispuestos a ceder y han advertido que continuarán organizándose para exigir una solución definitiva. En contraste, representantes de la empresa, que actualmente se encuentra en un receso por vacaciones, aseguraron que cumplen con todos los permisos requeridos por la ley y retomarán sus actividades en enero de 2025.
FUENTE DIARIO EXTRA
