El periodo de elecciones nacionales que está por iniciar en el país será el primero en que se aplicará la ley 10.235 para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política; sin embargo, hoy la mayoría de los partidos políticos en el país incumple la reglamentación interna para evitar que este tipo de manifestaciones ocurran dentro de sus agrupaciones.
Así lo manifestó Wendy González, magistrada suplente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), durante el foro Violencia política contra las mujeres, organizado por la Política para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG) y el Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional (UNA).
Solamente 13 partidos inscritos a escala nacional cumplen con la normativa, mientras que 21 la incumplen. La situación se agrava cuando se analizan a los partidos cantonales, ya que solo tres aplican la ley, mientras que 20 la ignoran.
Gonzáles explicó que tanto los partidos como las instituciones públicas deben contar con una política que evite y sancione la violencia política contra las mujeres, de acuerdo con el artículo 6 de la ley. “Dicha política interna debe establecer un órgano competente que realizará las investigaciones, con un procedimiento específico y sus sanciones”, detalló.
El artículo 7 de la ley 10.235 establece que “cuando a un partido con derecho a la contribución estatal se le demuestre no haber cumplido con las obligaciones establecidas en el artículo 6 de la presente ley, el Tribunal Supremo de Elecciones podrá ordenar la retención del 25% del monto liquidado por el partido político correspondiente a los gastos permanentes de capacitación”.
Sin embargo, de acuerdo con la magistrada suplente, aquí aplica lo de “hecha la ley, hecha la trampa”, al señalar que “lo que hacen los partidos es que nunca liquidan capacitación, entonces no se puede retener ese rubro y solo liquidan organización, que son los gastos que van a empezar a reportar a partir del 1º de octubre con la campaña electoral”.
¿El resultado? Ningún partido ha sido sancionado con la retención de ese 25%, lo que ha dejado a la libre el cumplimiento de lo establecido en la legislación.
De igual forma, enfatizó que no corresponde al Tribunal realizar investigaciones sobre los incumplimientos en la ley, sino que son las propias instituciones las que deben realizarlo a través de sus políticas.
González no tenía a mano los nombres de los partidos que no han cumplido. Refirió al sitio en Internet del TSE, en el Departamento de Financiamiento de Partidos, pero tampoco allí aparecen.
Igualdad y democracia
Sin plena igualdad y paridad de género las democracias en los países no se fortalecen, denunció González. Por tanto, considera que existen dos desafíos fundamentales sobre los cuales el país y las instituciones deben avanzar: el conocimiento de las mujeres políticas sobre los derechos y deberes consignados en la ley 10.235 y un posicionamiento mayor, visto como un “cambio cultural”, en el reconocimiento y apropiación de esos derechos.
Al respecto, la vicerrectora de Extensión de la UNA, Yolanda Pérez, indicó que, si bien las mujeres han ido abriendo caminos en distintos ámbitos, la violencia permanece. Aseguró que es además interseccional y que se cruza con otras manifestaciones como el racismo, la gerontofobia, el capacitismo, la gordofobia y el adultocentrismo.
“Desde niñas muchas estudiantes reciben comentarios violentos por expresar rasgos de liderazgo en sus espacios escolares. Las adolescentes que formulan partidos políticos en los colegios suelen recibir mensajes contra sus cuerpos que las ridiculizan o las exponen y mujeres mayores que participan deben soportar expresiones misóginas como de que ‘vayan a lavar trastes’ o ‘señora, ya siéntese’. El chiste y la burla forman parte de esa estrategia discursiva que se reproduce cotidianamente”, expresó Pérez.
Las redes sociales se han convertido en escenario de reproducción de esta violencia de género. El Informe sobre Discursos de Odio y Discriminación 2025 de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para Costa Rica evidenció cómo la violencia de género en las plataformas digitales ha tenido un crecimiento vertiginoso. Mientras que en el 2021 se reportaba un poco más de 100 mil casos, para este año la cifra se elevó a 491 mil ataques.
Otro escenario donde la violencia se reproduce es en la academia. La investigadora Ana Soto, de la PIEG, denunció que ha existido una intención por desvincular los espacios académicos de la política.
Al respecto, indicó que no es lo mismo la “violencia contra las mujeres en la política” que “la violencia política contra las mujeres”. Esta última se experimenta en espacios más amplios, como los universitarios, por ejemplo, donde también existe discriminación y una tendencia a masculinizar la ocupación de cargos de dirección.
Señaló que en la UNA existe aún una desproporción en altos mandos en unidades académicas donde la brecha de género persiste. Su llamado hacia los centros universitarios se delinea en tres frentes: habilitar más espacios para la atención y tramitación de denuncias, promover cambios normativos ante sesgos discriminatorios que se puedan identificar y un mayor posicionamiento político de cara a una “ciudadanía universitaria igualitaria”.
La también investigadora de la PIEG, Ericka García, indicó que en el periodo comprendido del 2012 al 2025 se han publicado 12 artículos científicos referidos a violencia política en América Latina. México y Argentina son los países que más publicaciones reportan, con seis y tres, respectivamente.
Las principales temáticas que han abordado dichas publicaciones son sobre manifestaciones de la violencia en la política electoral, estrategias legales y mecanismos de prevención, y algoritmos, referidos a la necesidad de entender la interseccionalidad entre esta problemática y la desinformación que abunda en el universo digital.
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UNA
